Extorsión a beneficiarios de planes sociales: realizaron 27 allanamientos

Tras la decisión política de terminar con las amenazas contra los más vulnerables y las extorsiones a los que menos tienen, la Justicia Federal ordenó 27 allanamientos en el marco de una causa que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales. Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan. 

La investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), tras la denuncia radicada por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia por primera vez sobre estos hechos. Entre los acusados figuran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) que administraban comedores populares.

De acuerdo a la pesquisa, los acusados, "habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de 'dar de baja el plan', conformando un total de 924 casos".

Se desprende de las pesquisas, que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de "cooperativas", desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados.

El Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.

Cabe recordar que el 19 de diciembre, el Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros. 

Los chats de apriete

Las personas que realizaron las denuncias en el 134, las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión extorsionados para concurrir a las marchas. 

Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente. 

Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos. 

Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.