Debatir la educación en América latina

Días pasados se llevó a cabo la Ministerial de Educación en Chile, un encuentro convocado por la UNESCO y el Ministerio de Educación de Chile y con la coorganización de la CAF, Banco Mundial, CEPAL y UNICEF, con el objetivo de reactivar y transformar la enseñanza para garantizar el derecho a la educación.

Para dicha reunión se convocó a altas autoridades educativas de América latina y el Caribe para crear un marco de referencia regional sobre políticas públicas para la recuperación de los aprendizajes de 125 millones de estudiantes que constituyen los sistemas educativos de 33 países de la región.

Datos cuantitativos dan cuenta del estancamiento de la educación: las Pruebas Pisa 2022 señalan que 3 de cada 4 niños no alcanzan competencias mínimas en Matemática y más de la mitad tiene dificultades en lectoescritura, no comprenden lo que leen. Si bien podríamos decir que estas cifras son consecuencia de la pandemia, producto de la desvinculación de los estudiantes, previo al Covid 19 ya había más de 10 millones de niños y jóvenes que no accedía al sistema educativo.

A su vez, en el Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030 (2022), UNESCO plantea que todavía hay un porcentaje pequeño de la población que accede a programas de desarrollo de la primera infancia: apenas el 18,6% de los niños y niñas entre cero y dos años. Y considera necesario acelerar estos ritmos de inclusión, ya que, de sostenerse ese porcentaje, para el 2030 se alcanzará a cubrir apenas una cuarta parte de la población. Sumado a esto, entre 2015 y 2020 también se observa una desaceleración de los indicadores de acceso a la educación primaria y secundaria y una fuerte caída de estudiantes que finalizan la escuela media, apenas el 63%. Por ende, la deuda educativa es cada vez mayor y perjudica a los sectores más desfavorecidos.

En las sesiones de la Ministerial de Educación, las autoridades convocadas no sólo se reunieron para intercambiar buenas prácticas, sino también para identificar oportunidades de cooperación regional. Y abordaron tres temas clave: el desafío de la reactivación educativa, la transformación de la enseñanza para garantizar el derecho a la educación y el financiamiento que requieren estas políticas públicas, haciendo hincapié en que la educación es un bien público y un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible.

Sin embargo, nuestro país, lejos de destacar la importancia de la educación pública como acceso a una vida mejor, convirtió el Ministerio de educación nacional en Secretaría e intenta tomar medidas en desmedro de la calidad, tales como que profesionales sin formación docente puedan dar clases o habilitar el homeschooling (enseñanza en casa), como si alcanzara pararse en el frente de un aula para enseñar y que esto garantice que el estudiante aprenda. Pero nada propone para la capacitación de los maestros o profesores que están en las aulas.

Por tanto, es fundamental que los países de la región, caracterizados por la alta desigualdad y con baja capacidad institucional de convocar a niños y jóvenes, logren acuerdos y ayuden a la transformación del sistema educativo a sabiendas que los países más desarrollados son los que tienen políticas públicas ancladas en la educación, la ciencia y la tecnología.

Si pretendemos un Estado más justo y equitativo, hoy por hoy, hay que defender lo obvio: la educación como un derecho de todos y como una responsabilidad compartida, no un privilegio de quienes más tienen. "Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia".

Fuente: Infobae