Advierten que sin emergencia sanitaria, desaparecerán muchas clínicas y sanatorios en el país

El presidente de la Asociación de Clínicas de Santiago del Estero (Aclise) CP Aldo Yunes, ante la posible eliminación de la Emergencia Sanitaria Nacional, se mostró partidario de la continuidad de la misma. Esta medida que fue aprobada en el año 2002 y se fue renovando año tras año, dada la crisis del sector que representa.

Yunes, también presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Salud (Caes), se expresó de esta manera en virtud de que dicha norma quedaría "fuera del paquete de normas de la famosa ley ómnibus" que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.

Las clínicas y sanatorios del país advierten desde hace tiempo sobre la difícil situación que atraviesan, que se viene profundizando con la inflación, el fuerte impacto de la devaluación del año pasado, y en muchos casos las demoras en los pagos de obras sociales.

Conteste con esta situación, el contador Yunes se refirió en diálogo con EL LIBERAL, a las consecuencias inmediatas para el sector. "Esa Ley de Emergencia Sanitaria Nacional, básicamente lo que hacía era dar un paraguas a las empresas de salud privada para que la Afip no pudiera ejecutar las deudas tributarias; es decir, si uno se atrasaba en el pago de impuestos o cargas sociales, esa deuda quedaba en suspenso y mientras tanto la Afip no la podía ejecutar ni embargar, porque se consideraban actividades esenciales para el desarrollo de un país, tanto salud o educación", remarcó.

Añadió también que "si eso queda fuera, que es lo que se está analizando en la ley ómnibus, la Afip tendría esa potestad nuevamente, porque podrían cobrar esas deudas que, en muchos casos, llevarían a muchos sanatorios a la quiebra. Hoy, como está la situación, y sobre todo la salud privada que ya viene en declive hace muchas décadas, indudablemente ya sería el golpe final".

Ante este cuadro preocupante, Aldo Yunes enfatizó: "Por eso se está planteando que se prolongue la ley de Emergencia, porque los objetivos originales de la misma no se han cumplido. Esa emergencia que iba a ser por un año tenía como contrapartida que el Estado solucionara problemas básicos de financiamiento de las obras sociales. No lo ha cumplido y, por lo tanto, se ha ido prolongando con los diferentes gobiernos, llegando a esta situación casi terminal".

El CP Yunes explicó que "el dato que venimos observando hace décadas es el cierre de centros de salud privados en todo el país, sobre todo en las ciudades más pequeñas. Se está produciendo un proceso de concentración en las grandes ciudades y en las pequeñas solo queda la salud pública, que en muchos casos son establecimientos de baja complejidad. Esas personas entonces deben realizar grandes desplazamientos para atender la salud desde lo mínimo hasta lo crítico".

A nivel local se restringirían los servicios complejos

Con relación a la atención a los afiliados de obras sociales y la posibilidad de implementar el cobro de copagos para poder afrontar el desequilibrio en los números de las clínicas y sanatorios, el CP Aldo Yunes remarcó que en el país: "Básicamente, se sigue atendiendo a los afiliados de obras sociales. Lo que se está analizando es que, si las obras sociales continúan sin poder alcanzar aranceles mínimos y, además con atrasos en los pagos, algunas hasta 120 días se iniciará el cobro de adicionales".

"En muchas provincias ya se está cobrando estos valores, que son diferencias que tiene que pagar en efectivo el afiliado al momento de internarse para poder acceder a la prestación. Sería el monto entre el valor que la obra social paga y el valor real que debería pagar la misma", expuso el profesional

Copagos en Santiago

Destacó que los copagos en Santiago no están implementados, pero indicó que ante "esta situación crítica vemos que, en el corto plazo, lamentablemente eso puede ser una realidad. En ningún sanatorio, hoy por hoy, los afiliados pagan absolutamente nada al momento de internarse. Otra cosa es el plus médico".

Tras destacar que mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC), a nivel nacional, en el último año fue del 211,40%, aseguró que los costos en salud se incrementaron un 227,70%.

"Por lo tanto es muy probable que muchos sanatorios tengan que restringir prestaciones o directamente empiecen a cerrar servicios de alta complejidad, que son los más costosos y después, de a poco, se vayan eliminando otros. Así las cosas, vamos a quedar solo con Salud pública. Lamentablemente, terminaremos colapsando los hospitales. Es una triste realidad".