En Santiago del Estero son cerca de 35 mil los Potenciar Trabajo, la gran mayoría en Unidades de Gestión de organizaciones.
El gobierno auditará los planes sociales y removerá intermediarios El gobierno auditará los planes sociales y removerá intermediarios
A partir del primero de enero el Gobierno nacional pondrá en marcha la auditoría sobre planes sociales que anunciara en su primer mensaje público, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Hoy, el universo de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo asciende a 1.200.00 personas y no está en los planes ampliar esa cantidad.
El gobierno iniciará una auditoría sobre esas 1.200.000 personas, que incluye a 35 mil beneficiarios de Santiago del Estero, la gran mayoría que dependen de Unidades de Gestión a cargo de organizacionales sociales (30 mil contra 5 mil que dependen del gobierno provincial).
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Las Unidades de Gestión o Certificación son las encargadas de certificar la participación de los inscriptos en el Programa Potenciar Trabajo y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria.
El primer paso consistirá en pedir a cada persona que complete o actualice su información y los de su núcleo familiar, y luego se pasaría a la etapa de análisis y entrecruzamiento de bases de datos. Se usará información de Anses y se la cruzará con la de otros organismos.
Con ese propósito, este martes 26 habrá una reunión operativa entre Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de Anses, Osvaldo Giordano.
A la espera de los resultados de la auditoría, el Gobierno tiene previsto prorrogar por tres meses la decisión de Sergio Massa cuando aún era ministro de Economía, de pasar los planes a la órbita de Trabajo.
Segmentación
En base a los datos, el gobierno de Javier Milei realizaría una segmentación de los planes según los perfiles de los beneficiarios y los agruparía bajo las órbitas de diferentes secretarías. Así, el actual Plan Potenciar Trabajo desaparecería como tal y tendría nuevos nombres y características: se separaría a los beneficiarios entre las áreas de Desarrollo Social, Trabajo y Educación.
El desglose y reubicación de los beneficiarios de los planes se hará según su edad y formación, pero todos quedarían bajo el Ministerio de Capital Humano.
El amplio porcentaje de beneficiarios de entre 18 a 29 años, que representa alrededor de un 30% del padrón, con unas 450 mil personas, pasaría a la órbita de Trabajo. Los de más de 55 años podrían quedar en la órbita de Desarrollo Social, reorientados a trabajos comunitarios. Otra parte, a la que les resta completar estudios, quedarían bajo la Secretaría de Educación.
El manejo volvería a manos de comunas y de las provincias
Los libertarios señalan que el 80% de los planes está bajo poder de las organizaciones, a las que esperan remover como intermediarias. Entre los escenarios que se manejan, es que una vez removidas las organizaciones sociales como intermediarias, el manejo de los planes vuelva a manos de provincias y municipios. La decisión dependerá de los resultados de la auditoría.
Como punto de partida para remover a los intermediarios, se tomarán en cuenta las denuncias con nombre y apellido que recibieron en la línea 134, que se habilitó para reportar situaciones anómalas como "extorsiones" o "amenazas" de punteros hacia los beneficiarios, si no concurrían a una marcha o les exigían un porcentaje de lo que tienen asignado a cambio de seguir recibiéndolo.
Comedores
Además, el Ejecutivo nacional actualizará el registro nacional de comedores que reciben alimentos mensualmente por parte del Estado y también se estudia la posibilidad de usar el código de los DNI para tener un control de cuantas personas asisten a los mismos.
