Consideraciones sobre la crisis en Chile

Por Pedro José Basbús. Magistrado, docente, cátedra de Derecho Internacional Público, Ucse.

“Estamos en guerra, en contra de un enemigo poderoso e implacable” fueron las palabras del presidente Sebastián Piñera frente a la movilización popular que tuvo lugar el pasado lunes 21 en Santiago (y en otras ciudades) de la República de Chile.

Todo comenzó allende el anuncio del aumento de la tarifa del transporte público de pasajeros, por recomendación de un  panel de expertos en el transporte público que elevó aquella de pesos ochocientos a pesos ochocientos treinta (alrededor de 1,17 dólar estadounidense). A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar “evasiones masivas” en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar. La situación fue agravándose a partir del viernes próximo pasado cuando la violencia irrumpe  las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de diversas estaciones de metro y ómnibus, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas.

Te recomendamos: La otra crisis: Siria, Turquía y el Kurdistán

El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes, además, ordenaron toque de queda la tarde del sábado. Ante ello, el presidente chileno suspendió la medida aludiendo “haber escuchado al pueblo” no obstante, las protestas en modo alguno se silenciaron sino que el domingo, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de rutas.

En el frenesí total y a raíz de que los disturbios en modo alguno se ralentizaron,  el ejército de Chile anunció el toque de queda desde las 20 del domingo hasta las 6 del lunes, martes y miércoles en las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 km al norte de Santiago, en Rancagua, unos 90 km al sur de la capital y en la región metropolitana (a la que pertenece la capital chilena).

La pregunta que pude formularse el lector, a esta altura de los acontecimientos y luego de haber observado en distintos medios periodísticos el avance de la crisis,  es si realmente el aumento de la tarifa del transporte público de pasajeros fue la causa del descontrol en una economía que no ha dejado de crecer desde hace más de diez años. La respuesta negativa se impone.

Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del transporte es solo la punta del iceberg de los problemas que están aquejando a los chilenos.Lo que realmente subyace es la desigualdad en un país que, según palabras del economista Milton Friedman, presenció un verdadero milagro económico y es referido como un ejemplo a seguir en materia económica.

Te recomendamos: Crisis de poder en Perú

La palabra “desigualdad” se ha apoderado del debate en estos últimos días, con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país sudamericano es desmedida.Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50%  de los hogares de menores ingresos accedió sólo al 2,1% de la riqueza neta del país.Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de $ 301.000 (USD 423,00) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a $ 400.000 (USD 562) al mes.

Con este salario, los manifestantes alegan que un alza en el transporte es inconcebible.Si bien en relación con nuestra economía, el salario mínimo del país vecino sería superior, no debe olvidarse que el transporte público de Chile, en función al ingreso medio per cápita, es el noveno más caro del mundo, ergo cualquier aumento de la tarifa, produce en las familias con ingresos medios, un problema muy serio.

Ahora bien, si dicho aumento sólo representa un  atisbo de las revueltas sociales, si la economía chilena no ha dejado de crecer en estos últimos años, si la inflación anual del vecino país para este año está proyectada en un 2% y si la prima de riesgo de la deuda chilena soberana, medida a través de  los denominados credit default swaps (CDS) es inferior a los 100 puntos básicos, ¿Cuáles problemas aquejan a Chile?

Algunas deudas sociales han intentado explicar los disturbios:

Te recomendamos: El Brexit y sus consecuencias

1 -El sistema de pensiones

El sistema de pensiones que actualmente rige en ese país,  creado en 1982 durante el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y también defendido por otros. El mecanismo provisional chileno es suministrado por Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) similares a las otrora existentes en nuestro país y sostenidas en un sistema en el cual cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.

El problema es que este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar “pensiones dignas” que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso. En 2016, salieron a protestar a la calle unas 600.000 personas que exigían el fin de las AFP.

Una de las agrupaciones que ha liderado estos reclamos (vgr. “No+AFP”) señala que las administradoras de pensiones en Chile “son bancos encubiertos de los empresarios más ricos del país”. Por su parte, la presidenta de la fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, explica que los reclamos tienen que ver con que “las personas en este país pueden trabajar toda su vida, cotizar toda su vida, y recibir una miseria”.

Actualmente hay una reforma al sistema provisional en el Parlamento de Chile. El proyecto de ley —una de las promesas de campaña de Piñera— fue ingresado en noviembre de 2018 y busca, a grandes rasgos, aumentar el ahorro previsional de los trabajadores mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, financiado por los empleadores. La iniciativa, sin embargo, genera dudas en asociaciones como “No+AFP” y en sectores políticos de oposición.

2. Salud y desprotección

El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado Fonasa (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado Isapre (Instituciones de Salud Previsional).

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a Fonasa alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20% y,  aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.

Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.En un discurso en 2018, el presidente Piñera aseguró que  más de las tres cuartas partes de la ciudadanía no estaban satisfechas con la gestión gubernamental en salud y que existían razones fundadas para ello y esta fuerte sensación de desprotección ha generado descontento. 

3. Transporte público

La red de transporte “transantiago” (hoy renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 años con la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales. Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile, Santiago según se señaló anteriormente.

4. Privatización del agua

Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas.El modelo de gestión (establecido en 1981) genera polémica pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.

Si bien hay una reforma al Código de Aguas en el Parlamento, se señala que no es suficiente ya que sería necesaria una reforma constitucional derogando la propiedad privada algo que aparece como de imposible cumplimiento.

5. Educación y la movilidad social

A contrario sensu de lo que acontece en nuestro país (cuya educación pública ha sido y es, maguer la crisis, líder en América Latina) si bien se ha logrado la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena,  los expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país.  La educación chilena es una de las más avanzadas y reconocidas de América Latina. La tasa de alfabetización supera el 96% y Chile siempre es el país de América del Sur mejor clasificado en los informes Pisa.

Sin embargo, también destaca por su desigualdad y segregación. El estado paga la educación obligatoria a través de unos bonos que da a las familias con hijos y que sirven para cubrir casi el 100% de la matrícula en las escuelas más baratas, pero como la cantidad es la misma para todos los niños, solo las familias más ricas pueden pagar la educación en los colegios caros y de mayor calidad. En los resultados del informe Pisa las diferencias entre los colegios públicos y privados son inmensas.

Te recomendamos: La organización de las Naciones Unidas, nuevos desafíos

La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa “revolución pingüina” cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia.

Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto. De esta manera, la educación sigue siendo, para muchos, una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.

6. Abusos y corrupción

Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años. Los casos de la industria de medicamentos y del papel higiénico son ejemplos que sacuden a la opinión pública chilena pues ambos productos son servicios básicos.

A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017. La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la fuerza policial chilena.

Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande. Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente.

“No es por treinta pesos, es por treinta años” es una oración que se ha repetido en distintas ocasiones y que demuestran que, más allá de la economía ordenada del país trasandino, aún la democracia tiene desafíos pendientes, sin distinción de signos políticos.