Violencia de género económica, una problemática ignorada por la Justicia

Por

Laura Cantore

Por Laura Cantore

El 25 de noviembre la ONU resolvió conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer en honor a Las Mirabal o Las Mariposas, tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 previo haber sido violadas y torturadas.

Argentina es un país pionero en términos de legislación sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En el bloque constitucional de derechos humanos (art.75 inc.22), establece el compromiso de erradicar la violencia por motivos de género, lo que se reglamenta en la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Una de las formas menos visibles de este tipo de violencia es la violencia económica intrafamiliar con frecuencia letal. Es posible describirla diciendo que es toda acción u omisión que de manera directa o indirecta se ejerce en el marco de la familia por uno de sus miembros en contra de mujeres, población LGTTTIBQ+ y hombres subalternizados, produciendo perjuicio económico, psicológico, físico y a veces la muerte.

Para comprenderla es interesante ver cómo y cuándo opera en la vida familiar. Así por ejemplo, el matrimonio o la unión convivencial es un momento clave donde el control del dinero sirve para manipular, dominar, descalificar y victimizar a una mujer que se encuentra recluida en su casa a cargo de las tareas de cuidado de sus hijos y del hogar, actividades que no son valoradas económicamente y que terminan sometiéndola. El divorcio es una alternativa para la mujer cuando tiene independencia económica. Cuando no la tiene no puede divorciarse por temor a las represalias del cónyuge y a la imposibilidad de alimentar a sus hijos. Cuando se divorcia y su situación económica es precaria tiene que enfrentar el incumplimiento de los deberes alimentarios, vivir con recursos inferiores a los que tenía, conseguir un trabajo posible que generalmente está mal remunerado, hacerse cargo de los hijos y mientras se ocupa de educarlos debe invertir infinita cantidad de tiempo en trámites judiciales para lograr una a menudo insuficiente cuota alimentaria para sentir una vez más cuan sometida esta al poder del varón y el sistema patriarcal. Agreguemos a esto la discusión por el hogar conyugal, la dificultad para liquidar los bienes gananciales, el deterioro de las compensaciones económicas cuando se demoran en la Justicia y la extorsión constante que significa aceptar lo que su pareja le ofrece o seguir transitando tribunales para hacer exigibles sus derechos, algo azaroso que depende de un tribunal que comprenda que la formación en género no es optativa sino obligatoria porque es una manda del bloque constitucional de derechos humanos.

Heredar no siempre es una alegría para la mujer. El sucesorio también es una instancia donde la violencia económica es posible. Si el poder económico lo detentó un sector del grupo familiar habrá infinitas formas de evitar que ella acceda a aquello que le corresponda algo que se ve aún con más claridad cuando de empresas de familia se trata: falsificación de firmas, maniobras de vaciamiento, constitución de nuevas figuras societarias que la excluyen, imposibilidad de acceder a datos fiscales y un extenso etcétera que la excluye de sus derechos. Para una mujer que se dedicó a cuidar a sus hijos y a su casa o sin formación específica, es prácticamente imposible seguir el derrotero de sus bienes. Otras hipótesis son las de los juicios de filiación, la violencia económica contra les mayores adultos, les discapacitados y sigue.

Este esquema es transversal a cualquier sector social porque lo que prima son las relaciones de sometimiento y control a través del dinero. Por otro lado, la lucha de la mujer por “lo que le corresponde” se enfrenta a un sistema judicial que casi no tiene internalizada la problemática de confundiéndola maliciosamente o no con ideología, cuando la cuestión de género es verificable empíricamente y una manda del bloque constitucional de derechos humanos. De hecho, hasta principios de este año solo en una resolución de la Justicia Federal en el caso de Dolores Etchevehere se hablaba literalmente de violencia económica en un caso que conmocionó el país por los niveles de impunidad con los que se manejó la exclusión arbitraria de sus derechos sucesorios hace más de 11 años. De cualquier manera, hay buenas noticias como el fallo del Dr. Eduardo Bruera de Bell Ville que en un juicio de filiación, obligó a pagar a un empresario $13 millones por daño moral y pérdida de chance (actual y futura) por falta de reconocimiento filiatorio a la hija y a la madre.

Este fallo, excepcional, da cuenta justamente de que la mujer que se encuentra inserta en esta problemática pierde chances actuales y futuras y no puede tener paralelamente un proyecto de vida propio: deberá aceptar cualquier tipo de trabajo, postergar sus estudios, sus proyectos personales y eliminar el tiempo libre para dedicarse a disputar con el patriarcado sus derechos. En este punto la violencia económica está asociada a las violencias psicológicas y a las institucionales.

El corolario es que con más frecuencia de la que se cree la violencia económica mata, genera suicidios, alcoholismo, trastornos alimentarios, depresión, se reproduce en diferentes generaciones que aprendieron a vincularse solo violentamente. Tiene impacto no solo en la mujer que la padece sino también en el sistema familiar que lo produce y lo soporta que se caracteriza por ser violento, carente de empatía y de cualquier forma de humanidad que me recuerdan insistentemente a los vínculos que se observan en sistemas familiares francamente delictivos, imaginables solo en una cinematografía mafiosa.

A fines del año 2020 constituimos como ONG a la Fundación Una Puerta y este año luego de firmar un acuerdo con la Universidad Nacional de Villa María y la Municipalidad de Villa María implementamos una Diplomatura en Violencia económica con perspectiva de género para informar sobre derechos económicos de los que nunca se habla y pensar colectivamente en herramientas concretas para la erradicación de la violencia económica sistémica.

A futuro la Fundación pretende profundizar los estudios e investigaciones sobre acceso a la propiedad intrafamiliar con perspectiva de género, armar un mapa nacional acceso a la propiedad de las mujeres y la población LGTTTIB+ en la República Argentina como así también observar la jurisprudencia nacional en orden a detectar cuales son las irregularidades más frecuentes que impiden el acceso efectivo a sus derechos.

Fuente: Infobae