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La Justicia italiana apoya a rescatistas y otro buque reclama desembarcar

22/08/2019 22:04 Mundo
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BARCELONA, España. La publicación del informe del fiscal italiano que ordenó el desembarco del buque de la ONG española Pro Activa Open Arms reforzó a los rescatistas frente a los gobiernos europeos que se niegan a asistir a los migrantes y refugiados en el Mediterráneo, en momentos en que el buque humanitario Ocean Vikings, con 365 personas a bordo, sigue esperando puerto.

Para la Justicia italiana, la labor del Open Arms, que salvó a 163 náufragos en su última misión de rescate frente a las costas de Libia, se ajusta al derecho internacional, ya que la ONG estaba obligada a socorrer a los náufragos.

En cambio, el accionar de los gobiernos de Italia, Malta y España, los países implicados en la crisis que mantuvo al barco humanitario 19 días a la deriva, fue contraria a la ley.

El informe del fiscal de Agrigento, Sicilia, que forzó el desembarco en la isla de Lampedusa de los 83 migrantes que permanecían en el Open Arms, también respalda a los rescatistas españoles ante una eventual multa del gobierno español, que amenazó con sancionarlos con casi un millón de euros por haber realizado labores de salvamento para las que en teoría no tenían permiso.

“Realizar labores de rescate, es obligación de todo barco que esté cerca de unos náufragos”, señala el fiscal.

“Para los que tengan alguna duda sobre los ‘permisos para rescatar’ del Open Arms”, escribió el fundador de la ONG, Oscar Camps, en Twitter, acompañando la publicación del artículo del diario español El Mundo que revela el contenido del documento de la fiscalía italiana.

En ese documento, el fiscal explica con detalle los eventos que se sucedieron desde que el Open Arms hizo su primer rescate, el 1 de agosto pasado, hasta que terminó desembarcando a 83 personas en Lampedusa el pasado martes, luego de 19 días de espera.

“Cada Estado” -en este caso España- “tiene que exigir que el comandante de un barco que lleva su bandera” -el Open Arms- “ofrezca salvamento lo antes posible a cualquier persona que se encuentre en peligro de vida en el mar”, según la legislación internacional.


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