El ajuste llega a niñas, niños y adolescentes argentinos

Como si fuera uno de los Dementores de Askaban enervando con el beso maléfico el alma de Harry Potter, la autoridad monetaria internacional impone a nuestro país un ajuste de fondos destinados a la infancia argentina, materializado a través del Decreto 1605/2018, publicado en el Boletín Oficial del 10 de septiembre del presente año. Según el Anexo 1 a la Senaf (Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) por acciones de promoción y asistencia a espacios de primera infancia se recortan $117.866.560 y otros rubros por $ 6.169.439. El ejercicio de esta temeraria decisión no puede prescindir de las determinaciones legales establecidas en la Ley N° 26.061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), más precisamente en su art. 72 que dispone la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, haciendo expresa mención que las previsiones presupuestarias en ningún caso podrán ser inferiores a los ejercicios anteriores, destinados al funcionamiento del Consejo Federal de la Niñez, la Senaf y el defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entre la ola de repudios: el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef ) ha expresado su preocupación ante esta situación, advirtiendo que la citada decisión administrativa, desoye recomendaciones del Comité del Niño de la ONU, órgano instituido en 1989 por la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de la Ley 26.061 y en el caso de nuestra provincia a través de la Ley 6.915 se ha incorporado a nuestra legislación la garantía de prioridad a fin de asegurar la efectivización de los derechos a la vida, libertad, identidad, salud, alimentación, educación, vivienda, cultura, deporte, recreación, formación integral, al respeto, a la comunicación familiar y comunitaria y en general a procurar su desarrollo integral de este nuevo sujeto de derecho surgido al amparo de convenciones internacionales. Este reconocimiento histórico implica la consideración de personas con derecho a la participación activa dentro de su contexto siendo los principales protagonistas de la promoción, ejercicio y protección de sus derechos. La fuerza centrífuga de este postulado administrativo implica también una brutal embestida contra el funcionamiento de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, justamente en momentos que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación se encuentra avocada en la designación del nuevo defensor de la Nación, cargo que se encuentra vacante desde la sanción de la ley 26.601, una mayoría agravada que ya lleva trece años sin poder concretarse. Según un reciente informe del Observatorio de Salud Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), hay en la Argentina 8 millones de niños que padecen serias privaciones en su vida diaria. Mientra tanto, Harry Potter sigue luchando contra el Dementor y necesita nuestra ayuda.