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Revelan que el "prestamista VIP" se quedaba con certificados de obras públicas de contratistas

18/06/2018 00:00 Policiales
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El "prestamista VIP" manejaba millonarias cifras en pesos y dólares e incluso con certificados de obras públicas que retenía a proveedores del Estado.

EL LIBERAL pudo acceder a detalles de la investigación que se desarrolló en contra del contador público Jorge Enrique Fuhr, acusado del supuesto delito de "intermediación financiera no autorizada" en carácter de autor.

Tal como lo publicó ayer en exclusiva este medio, el fiscal federal Pedro Simón clausuró la investigación y requirió la elevación a juicio oral del caso, cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en cuanto a la calificativa y al rol del acusado.

Con el correr de las horas se conocieron más detalles de cómo habría sido la operatoria de Fuhr.

La maniobra que habría perpetrado el "prestamista VIP" consistía en captar fondos de "inversores" particulares, los cuales recibían a cambio el pago de un interés. A ese capital que recibía, el acusado lo hacía "trabajar" prestándolo a terceros y cobrándoles un interés alto, que le permitía cubrir la ganancia de los "inversores" y quedarse con jugosos dividendos que le permitían llevar una lujosa vida.

Un punto sorprendente de la operatoria de Fuhr es cómo llegó a sacar rédito de certificados de obra pública de titulares de empresas contratistas proveedoras del Estado.

El "prestamista VIP" realizó estas operaciones durante el año 2012 y parte del 2013, cuando comenzó el principio de su final.

El contador ya había comenzado a captar inversores y prestar dinero a terceros. Sin embargo, en los primeros meses del 2012 también implementó una nueva forma de operar.

Un conocido empresario de la construcción y proveedor del Estado entregó a Fuhr certificados de obras por cobrar varios meses más adelante, maniobra por la cual el "prestamista VIP" le adelantaba el pago de dichos certificados al empresario, cobrándole un interés de entre el 18% y el 24% del total.

En otras palabras, el acusado adelantaba en efectivo importantes cifras a empresarios, cobrando altos intereses, quedándose con certificados de obras públicas que luego cobraba en su totalidad.

Además, las fuentes deslizaron que Fuhr hacía operaciones en dólares con cifras que superaban los U$S200 mil con estos contratistas.

Para la Justicia Federal todos los movimientos de dinero que realizó el contador público constituyen "intermediaciones financieras no autorizadas", figura penal que se materializa cuando el que realiza estas operaciones no cuenta con la autorización del Banco Central de la República Argentina.

Cabe recordar que los investigadores pudieron establecer que sólo en un año Fuhr movió a través de sus cuentas $25 millones.

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