Suspenden el remate de las tierras que habita una comunidad tonocoté

Suspendieron el remate de más de 3.000 hectáreas del departamento Figueroa en las cuales una comunidad tonocoté ocuparía una porción.

La Justicia de La Banda suspendió la subasta por pedido de los mismos abogados que la habían requerido, con el propósito de cobrar sus haberes por su actuación en un juicio de prescripción adquisitiva.

El caso había salido a la luz ayer tras una publicación de EL LIBERAL. Se trata de un proceso que se inició en el año 2014, por pedido de un matrimonio que reside en la zona norte del departamento Figueroa, y que inició un juicio de prescripción por 3.334 hectáreas, pese a que aparentemente otras familias e incluso una comunidad de un pueblo originario habitaban esa extensión de tierra.

De acuerdo con las fuentes, en el año 2016 el Juzgado en lo Civil y Comercial de La Banda dictó una sentencia declaratoria a favor de los demandantes; sin embargo, los abogados que patrocinaron al matrimonio, no habrían podido cobrar sus haberes, por lo que solicitaron la ‘regulación de honorarios’, medida por la que se fijó el valor del territorio en unos $70 millones y de ese monto, $15 millones les correspondían a los letrados.

Para poder hacer efectivo el cobro, los abogados habían pedido el remate del campo. Sin embargo las fuentes precisaron que la medida fue suspendida por pedido de los mismos peticionantes.

Esa situación habría sido notificada a Fiscalía de Estado, ya que sobre las tierras pesaría una millonaria multa por deforestación, que de haberse rematado, esa suma se habría cobrado de esa medida.

Ocupación

Lo particular del caso es que una comunidad tonocoté que se denominaría "El Rancho", habita unas 600 hectáreas que se encuentran dentro del territorio que pretendían subastar. Los pobladores aseguran que residen en el lugar desde hace años, pero en el juicio de prescripción no consta su presencia en el lugar. Se desconoce si por omisión o porque en la inspección ocular no se pudo divisar el asentamiento.

Según señaló el Dr. Jorge Simón, representante legal de la comunidad, un relevamiento del Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que dataría del año 2014, certifica que en el lugar ya existía el asentamiento denominado ‘El Rancho’ como pueblo originario.

Las fuentes revelaron que ahora la Justicia bandeña analizará si la comunidad puede ser parte en el proceso judicial y en ese caso se preservarían sus derechos, mientras que el abogado de los tonocoté aguarda por una respuesta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, ya que presentó un recurso de queja por la denegatoria a una apelación.

La suspensión del remate llevará alivio a los miembros de la comunidad, ya que temían que se concrete y el lugar donde habitan pase a manos de terceros, sin saber que habrían podido disponer sobre ello.