Duro cruce de fiscales con notarios por el rol del querellante en el "afer timbradora" Duro cruce de fiscales con notarios por el rol del querellante en el "afer timbradora"
La Fiscalía Penal y la de Estado formularon oposición a que el Colegio de Escribanos ingrese como querellante en la causa por la presunta defraudación de $ 5.000.000 con la timbradora que se utilizaba en la recepción de impuesto, en una oficina dentro de la entidad colegiada.
Ello fue planteado en la víspera, mediante una áspera audiencia presidida por la jueza de Control y Garantías, Sara Harón. Por las partes, asistieron la fiscal en lo Penal, érika Leguizamón, el representante de Fiscalía de Estado, Marcelo Acuña, y el equipo de abogados por el Colegio de Escribanos, Francisco Cerro y Gabriel Lucena.
Por razones técnicas, las dos fiscalías interpretarían que el proceso no puede admitir dos querellantes, ya que el único damnificado es el Estado provincial.
Contracara
Enfrente, los abogados del Colegio de Escribanos juzgaron lo contrario: "Hemos sido admitidos ya en la anterior audiencia en que se dictó la prisión preventiva de Luis Vaca Japaze (ex administrador de la institución)", dijo Cerro a EL LIBERAL. "A todas luces, el planteo de las fiscalías asoma extemporáneo", acotó Lucena. Ayer, el fuego dialéctico apenas se encendió y arderá aún más mañana en la audiencia específica.
Ampliación de cautelar
También Cerro y Lucena pidieron a Harón un resorte legal que "blinde" a la institución contra los compromisos económicos (bancarios), adquiridos por la anterior gestión.
En la práctica, requirieron que la jueza ordene a los bancos no pagar al menos cuatro cheques a ser cobrados en este mes.
Las órdenes bancarias -globalmente- representarían erogaciones cercanas a los $ 600.000. De ellas, tres ya han sido pagadas.
El abogado de Fiscalía de Estado se opuso, argumentando que la Provincia estaría inventándose un problema nuevo y futuras demandas de las empresas acreedoras del Colegio. Harón le dio la razón y rechazó el planteo del Colegio.
