El anestesista Rojas negó acusaciones y la fiscal le imputó "coacción agravada"

El médico anestesista, Dr. Sebastián Rojas, además de ser imputado por el supuesto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", desde ayer es acusado por la Fiscalía de "coacción agravada", una figura penal que empeora su situación frente a la Justicia.

El profesional de la salud fue denunciado hace una semana por el ministro de Salud de la provincia, Dr. Luis Martínez, quien lo acusa de haberse negado a participar de una cirugía de urgencia a dos de las trigemelas prematuras Delfederico por una afección en su visión.

Rojas estuvo ayer ante la fiscal del caso, Dra. érika Leguizamón, durante casi dos horas en las que dio su versión de los hechos.

Consultada sobre la situación procesal del médico anestesista y los pasos a seguir en la causa, la Dra. Leguizamón explicó: "Fue indagado, la calificativa legal es además de incumplimiento de los deberes de los funcionario público, coacción agravada. Esto se refiera a aquella persona que a través de actos de intimidación, actos de amenazas, de un mal inminente, en este caso a las niñas prematuras, busca que alguno de los poderes públicos emita un acto jurídico a favor de esa persona que está haciendo ese acto de coacción".

"Constituye una figura delictiva que justamente prevé los medios que se utilizan, en este caso se ha utilizado: la urgencia de las niñas", agregó la fiscal.

Sobre el origen de la calificativa, la representante del Ministerio Público precisó: "Esto surgió de entrevistas testimoniales que han aclarado y han ratificaron manifestaciones que habían sido efectuadas (supuestamente por Rojas) ante el director del hospital (Regional) de lo cual había un acta de constatación notarial".

"Son dos las situaciones, se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público en razón que debió asistir a la cirugía y al momento que se le requirió como anestesista, se negó manifestando que requería la firma de un convenio, si estaba esa firma, él iba a participar", indicó.

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"Según nuestro criterio, lo que se intentó es provocar una decisión bajo intimidación, bajo de un mal grave hacia las niñas, de los poderes públicos. él sostiene que no se refirió a una cuestión económica, sino a una designación legal. Que constara que él estaba autorizado a realzar la anestesia. Tenemos evidencia que ésta no es la primera cirugía para la que estaba convocado. Hasta ahora, no se advierte que pueda haber tenido algún tipo de duda en relación a una situación de necesitar una autorización", argumentó la fiscal.

"Todo consta en la historia clínica, no existe este tipo de autorizaciones. Hasta el momento no considero que haya asidero para sostener la negativa", aseveró.

Indicios

Ante la pregunta de si hay indicios que señalen que la presunta negativa del Dr. Rojas tuvo como trasfondo una cuestión económica, la fiscal sostuvo: "Sí, tenemos elementos que indican eso, porque la documentación a la que él se refería (convenio o proyecto), explicó que hacía mención a la constitución de un equipo con pagos mensuales fijos por cirugías".

"La documentación que va a respaldar esta situación, se va a incorporar mediante oficios, Todo va a quedar debidamente aclarado", acotó.

Por último la Dra. Leguizamón adelantó que se va a continuar produciendo elementos de prueba y señaló que la figura por la que el anestesista está acusado, tiene una pena en expectativa de 4 a 10 años de prisión; "Se van a tomar las medidas cautelares necesarias para asegurar la investigación penal preparatoria", concluyó.