Cristina solicitó anular su procesamiento

En un extenso escrito presentado por su defensor, Cristina Elisabeth Kirchner solicitó a la Cámara Federal que decrete la nulidad de todo lo actuado por el juez federal Julián Ercolini en la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo a favor de las empresas de Lázaro Báez.

En la presentación pide que el tribunal de alzada anule o en su defecto revoque la resolución del 27 de diciembre del año pasado que dispuso el procesamiento de la ex Presidente por asociación ilícita.

Además, manifiesta que "se trata de un pronunciamiento que solo puede ser entendido en el marco de acontecimientos de una gravedad institucional que no registra antecedentes, al menos en los tiempos en que en nuestro país se encontró vigente el Estado de Derecho".

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Asimismo, sostuvo que el fallo del juez Ercolini llega "al absurdo" de considerar que un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades por el pueblo argentino constituyó, lisa y llanamente, una organización delictiva destinada a saquear los bienes del Estado durante doce años. Carlos Beraldi, el abogado de la ex mandataria señaló que "pese a la arbitraria persecución judicial de la que resulta objeto, la Dra. Kirchner jamás dejó de cumplir con todas sus obligaciones procesales".

Además, volvió a culpar al periodismo de sus reveses en la Justicia al afirmar que "los sucesos descriptos en el ''''frente judicial'''' no resultaron un hecho aislado. Por el contrario, han contado con una extraordinaria apoyatura y articulación desde los medios de comunicación opositores al anterior gobierno, que montaron una campaña permanente y sistemática de descrédito".

En el escrito, el defensor de Cristina Kirchner afirmó que los dictámenes de los fiscales por los que solicitaron que se investiguen los hechos mencionados en la causa, la resolución que hizo lugar a esa solicitud y el auto de procesamiento carecen de toda validez jurídica. Agregó que la terminología utilizada en esas piezas procesales y los criterios de imputación van en contra de los principios esenciales del Estado de Derecho, y no registran antecedentes en la justicia de nuestro país. En otro tramo de la presentación, sostuvo que se direccionó la investigación en contra de su defendida "excluyéndose de la misma a todo empresario o interés económico que pudiera rozar a la actual administración".