No hay registros de los regalos que recibió la expresidenta

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA) adelantó hoy que los regalos protocolares recibidos por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "son del Estado, no son personales" y que la OA está "analizando una denuncia por peculado" dado que esos obsequios "no figuran en ningún lado".

"Ella tenía la autoridad para regular -la creación de un registro-, lo que hizo el presidente Mauricio Macri hace un mes", destacó y agregó que "la ley dice que está prohibido recibir regalos salvo los de protocolo, y que deben estar registrados".

A modo de ejemplo, manifestó que "la primera dama va a comenzar a registrar también los regalos protocolares y la pregunta es qué se va a hacer con todo este material".

"La expresidenta viajó muchas veces y no hay un solo objeto registrado, es una cuestión más profunda", insistió.

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"No hay regalos del papa Francisco registrados, nosotros preguntamos y no hay nada", en alusión al intercambio de obsequios entre la ex mandataria y el Pontífice en sus diferentes encuentros.

"Se lo pudo haber llevado la ex presidenta o cualquier empleado porque no le daban el debido cuidado y la importancia de un regalo protocolar es que es al Estado argentino y no a los presidentes", apuntó Alonso.

Como ejemplos, Infobae publica que no hay rastros en las dependencias del Estado del ícono de la Virgen de la Ternura, de la Catedral de Vladimir, que el papa Francisco le regaló a Cristina Kirchner en 2015.

Tampoco de la mayólica que replica la placa con la imagen de la Plaza San Pedro en conmemoración de los 30 años de la mediación de Juan Pablo II en el diferendo limítrofe con Chile, que el Santo Padre le obsequió a la expresidente en 2013.

Según se explica, en derecho penal se denomina "peculado" a la malversación de caudales públicos, un delito que consiste en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia.

Está tipificado en el capítulo VII del Código Penal de la Nación y prevé una pena de hasta 10 años de prisión e inhabilitación absoluta para el funcionario involucrado.