Ingresaron 3 millones de celulares de contrabando, una cuarta parte del mercado total

A la drástica caída en la producción y las ventas, el sector tecnológico suma una nueva preocupación: desde la industria advierten que en 2016 ingresarán al país cerca de 3 millones de celulares de contrabando, principalmente de alta gama, esto es una cuarta parte del mercado total. Fabricantes, marcas y telefónicas coinciden en que el tráfico ilegal representa un perjuicio de US$500 millones y el Gobierno analiza una white list, que sólo permitirá el uso de los teléfonos que tengan la factura y sus papeles en regla.

La principal damnificada es Samsung, la marca que lidera en el mercado local. Bruno Drobeta, director Comercial de Mobile, manifiesta su preocupación: “La realidad es que el contrabando no ha parado de crecer y estamos compitiendo y conviviendo con un nuevo canal paralelo”, se lamentó. Los padecimientos de la compañía coreana son múltiples, porque en varias ocasiones aparecieron a la venta en sitios de subasta sus modelos de alta gama –como el Galaxy S7– antes de ser lanzados en el país. Y con rebajas de hasta un 50% con respecto a los comercializados en el circuito legal.

El contrabando es difícil dimensionarlo. Sin embargo, “las marcas tienen datos muy certeros de cuántos celulares que son activados en la Argentina son producidos localmente”, explica el consultor especializado Enrique Carrier. El motivo es que cada dispositivo tiene un IMEI (International Mobile Equipment Identity), un código único que permite saber cuál es su origen. Así las cosas, la AFARTE (la cámara que agrupa a los fabricantes de Tierra del Fuego) estiman que unos 2,5 millones de celulares “se venden en el circuito ilegal y compiten con los de producción nacional”, dice su titular Federico Hellemeyer. Esto sin computar a los iPhones (entre 400 y 600.000 unidades), ya que Apple no tiene oficinas en el país.

“Por el volumen sabemos que no es contrabando hormiga. No son infracciones aduaneras de gente que compra equipos en el exterior. Por la escala, que es grave, entran en containers en complicidad con agentes de la Aduana”, asegura Hellemeyer. El directivo agrega que abordaron el tema con el jefe del organismo, Juan José Gómez Centurión, que tomó nota del asunto. “Tuvimos buena receptividad, pero no sé cómo lo van a encarar”, dijo.

El contrabando, para Carrier, crece año tras año: 1,5 millones (2014), 2 millones (2015) y 2,5 millones (2016). El ascenso tiene dos explicaciones. “Una es la prohibición de facto del ingreso de equipos que no se venden en el país, principalmente el iPhone. La otra es la gran brecha de precios entre un importado y uno adquirido localmente, lo que da margen correr los riesgos y aceitar lo que sea necesario para ingresar la mercadería. El contrabando es un negocio muy rentable”, dice.

El mercado paralelo del celular golpea principalmente a las marcas líderes, en especial a Samsung, dueña del 44% del market share. Estiman que este año se activaron más de 1,7 millones de equipos de media y alta gama de procedencia extranjera. Debido a esto, Samsung impulsó más 30 denuncias penales y allanamientos contra comercios que ofrecen productos sin certificaciones y estampillados correspondientes.

Sus principales rivales (LG, Motorola y Huawei) coinciden en que el escenario se va agravando. “El contrabando nos complicaba, pero en el último trimestre nos representó el 30% de las ventas totales”, dijo al Económico un ejecutivo de una multinacional. En casi todos los casos, las filiales argentinas deben responder por los resultados locales a sus casas matrices. El contrabando impacta en las ventas de casi todas las marcas, pero no a todas. Huawei, por caso, mide el rendimiento por las activaciones de sus equipos y no por la facturación.

De cualquier manera, fabricantes fueguinos (preocupados por la baja en la producción), las marcas y las telefónicas negocian con el Gobierno algún tipo de solución. De esas conversaciones participan el Ministerio de Producción, la Secretaría de Comunicaciones y el Enacom. Fuentes del mercado coinciden en que avanza un proyecto para limitar la activación de los celulares, conocido como white list, en contraposición con la lista negra, creada para bloquear dispositivos denunciados por robo.

Lista blanca y lista negra

La iniciativa, resistida con mucha fuerza por las operadoras de telefonía, consiste en invertir la prueba con los usuarios, es decir, que para activar un celular nuevo el titular de la línea debe mostrar la factura de compra y declarar dónde la efectuó. El trámite, dicen sus impulsores, cobró mucha fuerza el mes pasado con el apoyo de los principales perjudicados del contrabando: el gobierno (por impuestos no cobrados) y los fabricantes fueguinos y las marcas multinacionales. Pero para las telefónicas es un problema. Fernando del Río, director comercial de Claro, dice que “cualquier regulación que perjudique al consumidor nos complica”.

El black list, que el Enacom está creando para bloquear teléfonos robados en base a una denuncia concreta, la lista blanca funciona a partir de la exigencia del consumidor de reportarle a su operador la compra de su equipo. No es un dato trivial. El argumento es que estas empresas deben destinar recursos para atender los reclamos de sus clientes, sobre todo en eventuales negativas a dar el alta el servicio. “¿Qué ocurre si alguien hace una compra de buena fe y el equipo es ilegal?”, ejemplifican.

“Cualquier medida de control o restricción genera reacciones, es un clásico en todas partes del mundo”, justifica Hellemeyer, de la Afarte. En este sentido, fuentes del mercado recuerdan que Colombia acaba de implementar una white list. “Es la mejor medida para esterilizar un aparato ya que los fabricantes conocen su procedencia. Pero es cierto que las telefónicas deben disponer de recursos humanos y recibir los reclamos. Es una barrera más para resolver un problema que no es su negocio”, zanjó otro ejecutivo.