La Asociación de Magistrados apoyó a defensores oficiales

Bajo el título "Se debe respetar el derecho a la defensa", la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) emitió un comunicado exigiendo "respeto para la tarea de la Defensa Pública Oficial, ante lo que está sucediendo en el juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero", en relación con la Megacausa III.

En el texto que lleva las firmas del presidente de la entidad, Ricardo Recondo; su vicepresidente por el Ministerio Público de la Defensa, Gustavo Kollmann; y su secretario general, Marcelo Gallo Tagle, se manifiesta que "la defensora pública oficial que interviene en la asistencia técnica de imputados, en estricto cumplimiento de su mandato legal, comunicó que tanto ella como la abogada particular que ejerce la representación de otros imputados han sido perturbadas en el ejercicio de sus funciones por parte del presidente del Tribunal. Este, además, habría abusado de su autoridad, al cercenar mediante persistentes amedrentamientos la posibilidad de ejercer eficazmente el derecho de defensa".

La AMFJN sostiene que "esta actitud, que impide el ejercicio pleno de la defensa y, en particular, el de la defensa pública oficial, afecta el derecho de defensa en juicio que tiene toda persona acusada de un delito, independientemente de su naturaleza o la gravedad, tal como lo establecen la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales".

Además, remarca que "los magistrados del Ministerio Público de la Defensa no pueden ser perturbados en el ejercicio de sus funciones, según lo garantiza la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa".

La AMFJN, organización que agrupa a jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios de todos los estamentos de la Justicia nacional, agregó en el mismo sentido, que "la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en una resolución aprobada el 14 de junio pasado, se fijó el objetivo de ‘alentar a los Estados y a las Instituciones de Defensa Pública Oficial, según corresponda, a procurar el absoluto respeto a los defensores públicos en el ejercicio de sus funciones, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado’".

Finalmente, la entidad afirmó "que, frente a estos hechos, y ante cualquier tipo de menoscabo que se produzca en el desempeño de la función, las autoridades deben adoptar las medidas conducentes para garantizar el libre y eficaz desempeño de tarea de los magistrados y funcionarios de la Defensa Pública Oficial".