Según el Mocase, el conflicto con Orlando Canido comenzó en 2012

Según una integrante del equipo jurídico que representa al Mocase Vía Campesina, y a sus comunidades, María José Venancio, los principales antecedentes del ataque de ayer a la comunidad de Bajo Hondo surgen "aproximadamente en 2012", cuando "ingresa al territorio en cuestión Orlando Canido con la firma ‘La Omara’, oriundo de Buenos Aires, quien manifiesta que comprara las escrituras" de esas tierras y "alcanza a usurpar una masa territorial de aproximadamente 4000 ha".

"El 18 de marzo de 2016, se notifica al Sr. Leal (uno de los habitantes) que la ex magistrada (Dra. Lucrecia Martínez Llanos) dictó una medida cautelar de no innovar, autorizando al Sr. Canido Orlando Eduardo a ingresar a la fracción del terreno denominado ‘La Gran Hondonada’ y proceder al retiro de los animales vacunos, a la fumigación y trabajos necesarios para mantener la siembra", señala.

El 22 de marzo se interpuso un "Recurso de Reposición con Apelación en Subsidio ante el Juzgado de Crimen de 4ª Nominación", pero el Dr. Moreno señala que "la notificación tenía defectos en la redacción" y que en realidad se trataba de una medida de la Dra. Martínez Llanos, por lo que se vuelve a presentar ante ese juzgado.

El "13 de abril, la exmagistrada dicta otra resolución en la cual habilita al oficial de justicia a utilizar la fuerza pública para ‘poner en posesión al Sr. Canido’ lo cual implicaba el desalojo". Añadió: "Ante esto presentamos un recurso de Reposición a los fines de que el mismo juzgado revoque la medida arbitraria, el día 20 de mayo de 2016", sin obtener respuestas.

"Ante la repercusión pública de lo que estaba sucediendo en la comunidad (quema de viviendas, secuestros y amenazas de sus integrantes), la ex magistrada se rectificó sobre la orden de desalojo (aunque ésta ya se había hecho efectiva)", agregó.

Señaló que motivados por el accionar de la exjueza: "El día jueves 8 de septiembre presentamos una denuncia penal en contra de la ex jueza Martínez Llanos, como comunidad indígena, por Abuso de Autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos y por Denegación y Retardo de Justicia", reveló.