La Justicia fijaría para mañana y el miércoles las indagatorias a los tres ex magistrados

Los tres ex jueces sospechados de haber participado de una maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado de Tucumán, serían indagados esta semana. Miguel Moreno continuaba alojado en la Escuela de Policía, mientras que Martínez Llanos y Tarchini Saavedra continuaban internados en centros de salud.

Las fuentes confiaron que los ex magistrados serían trasladados al Palacio de Tribunales entre mañana y el miércoles para prestar declaración indagatoria ante el juez que tiene a su cargo el proceso, Dr. Darío Alarcón.

En la misma oportunidad, los acusados y sus abogados tendrán la oportunidad de escuchar los cargos que pesan en su contra y los elementos de prueba con los que cuenta la Justicia para imputarlos y para sostener la investigación en curso en su contra.

Después de la denegatoria a los pedidos de eximición de prisión -medida que fue apelada por las defensas técnicas de los ex jueces- en el transcurso de la última semana fueron poniéndose a disposición de la Justicia. Primero fue Tarchini Saavedra, quien por una afección a su salud desde el principio permaneció alojado en un centro de salud. Luego fue Martínez Llanos, quien también esgrimió problemas de salud, y quedó internada en un centro médico. En tanto Miguel Moreno fue el último en entregarse y lo hizo el sábado en la Escuela de Policía, aunque no descartaban que en esta jornada sea trasladado a una clínica por una dificultad en sus riñones.

De acuerdo con las fuentes, el juez Alarcón fijaría las indagatorias a sus ex colegas para mañana y el miércoles, los acusados están imputados por los supuestos delitos de "defraudación calificada, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato".

El escándalo que envuelve a los ex magistrados, se originó con un expediente caratulado "Denuncia formulada por Pericás, Luis Manuel, apoderado de LV7 Radio Tucumán SA en contra de Marcelo Dittinis, secretario de Estado de Prensa y Difusión de la provincia de Tucumán por supuesto delito a establecer".

Origen

El mencionado expediente se inició en el Juzgado del Crimen del Cuarta Nominación, por entonces a cargo del Dr. Miguel Moreno. En el trámite de esta denuncia se dispuso trabar embargo sobre fondos de la coparticipación federal de Tucumán. Luego, se sucedieron órdenes de pago de cifras millonarias a favor de Pericás desde los dos Juzgados involucrados en los hechos que se investigan.

El día 14 de marzo del 2016 se llevó cabo una extracción en efectivo por el importe de $ 3.151.800,66 en la cuenta judicial a nombre de "Denuncia interpuesta por presentación de Luis Pericás" a la orden del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Cuarta Nominación.

Luego, por excusación de Moreno, el expediente pasó al Juzgado de Quinta Nominación, donde la titular se declaró incompetente y entonces llegó al Juzgado del Crimen de Primera Nominación, en aquel momento a cargo de la Dra. Martínez Llanos, de donde habrían salido dos nuevos embargos también por una cifra millonaria y dos nuevos oficios para que Pericás cobrara una segunda y tercera suma. Habrían sido el 20 de mayo ($ 1.616.851) y el 1 de junio de este año ($ 926.358,77).

Tras el embargo y la orden de pago en ese Juzgado, hubo entonces una nueva excusación, esta vez de Martínez Llanos y el expediente recaló en el Juzgado del Crimen de Segunda Nominación que estaba a cargo del Dr. Ramón Tarchini Saavedra, desde donde habría partido un cuarto embargo y oficio de pago a nombre de Pericás el 1 de julio de este año, con un monto de $ 1.616.851,29.

El 2 de agosto se iniciaron las actuaciones judiciales del Gobierno de Tucumán. Ese día se presentaron representantes de Fiscalía de Estado de esa provincia, ante el Juzgado del Crimen de Tercera Nominación a cargo del Dr. Darío Alarcón, quien de inmediato ordenó dejar sin efecto todas las medidas cautelares de los magistrados santiagueños y notificó de ello al Banco de la Nación, Casa Central y sus sucursales de Tucumán y Santiago del Estero, así como también al Banco Santiago, por entender que los jueces locales no tienen competencia en la vecina provincia.

Tras los embargos, se llegó a pagar un total de $7.311.861,72 pesos. l