Los detenidos por el desfalco a Producción negaron los cargos en su contra

Los últimos cinco detenidos en el marco del proceso judicial por la millonaria defraudación al Ministerio de Producción fueron indagados ayer y todos negaron tajantemente las acusaciones en su contra, deslindando responsabilidades sobre la maniobra que se investiga, a través del cual se habrían cobrado de forma irregular cheques (aparentemente adulterados) del "Fondo Algodonero".

El Ing. Enrique Oberlander, director de Agricultura; Ing. Francisco Fantoni, subdirector de la misma cartera; Ing. Guillermo Carreras, funcionario del organismo y Mariana Franco administrativa del área habían sido detenidos el viernes por Gendarmería, por disposición de la Justicia Federal.

En tanto, Pablo Federico Juri, proveedor del Estado, se entregó voluntariamente esa misma tarde. El primero en ser indagado fue Carreras, quien acompañado por su abogado Miguel Torres, respondió a todos los interrogantes del fiscal Pedro Simón y el juez Guillermo Molinari.

Posterior a su declaración, el Dr. Torres resumió que su defendido explicó que no tenía participación alguna en el circuito administrativo, etapa en la que se confeccionan los cheques, y que su participación se limitaba a plasmar la última firma en los documentos, cuando llegaban con todas las revisiones previas.

Seguidamente se sucedieron las declaraciones de Francisco Fantoni, quien de acuerdo con lo manifestado por su abogado Diego Lindow, éste es el encargado del área de compras. En su indagatoria Fantoni habría sostenido que su función era la de definir qué era necesario comprar, recibía la facturas de los proveedores y que luego las entregaba a otras empleadas -serían Castillo y Molinillo, las primeras detenidasporque ellas eran quienes se encargaban del circuito administrativo.

Lindow afirmó que su cliente deslindó responsabilidades en cuanto a la confección y manejo de cheques, y que tampoco era el encargado de llevar algún tipo de control sobre las operaciones y expedientes.

Más tarde, el director de Agricultura y Ganadería, ingeniero Enrique Oberlander, asistido por su abogado el Dr. Juan José Saín, también hizo uso de su derecho de defensa y declaró extensamente. Según su abogado, el directivo negó terminantemente las acusaciones en su contra, remarcando que es un funcionario de 30 años de carrera, que nunca firmó ningún cheque y que sí estaba su firma plasmada en algunos expedientes, pero no como autoridad de la Dirección de Agricultura, sino como miembro técnico de la junta algodonera provincial. Mariana Franco, empleada administrativa de Agricultura, también declaró en el proceso y explicó cuál era su función en el organismo.

La mujer, asistida por su abogado Eugenio Chavarría, manifestó que tampoco tenía participación alguna en la confección de los cheques, y que ella es una administrativa habilitada para firmar, similar a la responsabilidad del Ing. Carreras. Por último, Pablo Juri, declaró y al igual que los anteriores, negó los cargos en su contra, sosteniendo que es ajeno al organismo (es proveedor), y que desconoce cómo se habría perpetrado la maniobra delictiva.