La agenda de sesiones extraordinarias

Al cabo de un proceso de indefiniciones iniciales, el Gobierno optó finalmente por convocar al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias. La decisión no está exenta de riesgos y sus razones permanecen por el momento fuera de la discusión pública

Un primer efecto inmediato ha sido la puesta en marcha de la agenda política del año electoral, con su secuela de conflictos internos y externos, hasta ahora apenas soterrados. Tensiones previsibles, en la medida que las elecciones intermedias de 2025 no solo condicionan la suerte futura del gobierno. Definen también las posibilidades de supervivencia de la mayoría de las coaliciones políticas articuladas en los últimos 20 años.

Los riesgos son importantes, aunque no insuperables. Todo dependerá de la voluntad de propios y extraños de alcanzar niveles de convivencia que permitan consolidar los avances del ajuste económico y abrir a un proceso indispensable y urgente de reformas estructurales. Los niveles de acuerdo con la política económica son por ahora mínimos y solo podrán ampliarse en la medida en que sectores sociales todavía muy importantes perciban que los sacrificios actuales son el pasaporte imprescindible para acceder a reformas de mayor envergadura, que apunten a las causas y no a los efectos de la crisis heredada.

El clima de expectativas se ve reforzado en el plano externo por la espectacular llegada de Donald Trump al poder. Si bien el nuevo esquema internacional abre un horizonte promisorio para la conformación de una naciente coalición de las derechas argentinas, las fórmulas para su implementación se sitúan en las antípodas de la receta libertaria. Con Trump vuelve el desarrollismo norteamericano en Estado puro, aderezado esta vez por el condimento de un cesarismo democrático dispuesto a imponer por la fuerza una receta de proyecciones muy diferentes a la de Javier Milei. 

El discurso inaugural de Donald Trump anuncia cambios radicales en la economía global, que dejan márgenes mínimos para iniciativas de fuerte contenido dogmático como las que inspira la Ley de Bases. Este cambio de rumbo en la marcha de la globalización augura efectos múltiples sobre los "fundamentals" de la estrategia argentina. 

Esto repercutirá sin duda en la política y obligará al gobierno a articular niveles inesperados de concertación. La agenda de las sesiones extraordinarias carece en realidad de los niveles de necesidad y urgencia que exige la convocatoria. Los temas propuestos bien podrían haber aguardado mayor trabajo en comisiones y mejor foco en los problemas inmediatos del país. El menú convocado integra, en efecto, proyectos algo forzados, borradores no terminados que para prosperar hubieran requerido más consulta, opinión técnica actualizada y una evaluación mucho más cuidada. 

Se trata de campos cuya importancia desborda las posibilidades de la aritmética parlamentaria de urgencia. Exigen no solo mayores niveles de consenso: exigen, por, sobre todo, reformas instrumentales complementarias de segunda y tercera generación, al menos por ahora fuera de las posibilidades de un gobierno aun concentrado en consolidar los avances iniciales del ajuste. 

La pregunta central que la agenda plantea tiene que ver precisamente con la naturaleza de las cuestiones que se intenta abordar y los obstáculos que ofrece el trámite parlamentario extraordinario. 

El corazón de la agenda es, sin duda, la reforma electoral, un proyecto de muy alta complejidad en la medida que aspira a la eliminación del régimen electoral vigente en los últimos veinte años, no solo en su dimensión especifica de regulación electoral, sino sobre todo en su formidable correlato económico. 

Ambos aspectos están, por cierto, profundamente vinculados. El sistema argentino de financiamiento público de la política ha alcanzado proporciones monstruosas. Su opulencia se explica en la medida en que pretende financiar no solo los costos de funcionamiento del sistema electoral como tal. Busca también hacerse cargo del funcionamiento entero de la vida interna de todas las fuerzas políticas, cualquiera sea su importancia política. Una extravagancia costosísima. Un verdadero invento argentino, único, singular e irrepetible a nivel comparado. 

Es probable que con un esfuerzo adecuado y sincero de debate público entre todas las partes pueda llegarse a una eliminación de las PASO. Un objetivo por el por el veto de algunos dirigentes de la extinta Juntos por el Cambio. Los efectos negativos de la experiencia son a estas alturas más que evidentes y hoy por hoy, solo la defenderán un puñado mínimo de candidatos cuya existencia solo es por el efecto de fragmentación de la alquimia de las primarias obligatorias. La resistencia volverá a sumar tal vez a un grupo cada vez menor de beneficiarios directos, de los aspectos más bien económicos del proceso electoral. 

La propuesta sobre el financiamiento es posible que tropiece, en cambio, con dificultades mayores. Parece difícil que la política tradicional acepte retroceder en los avances logrados desde los comienzos del sistema a principios de los años 60. Cabe recordar que, en 1994, radicales y peronistas lograron incluso pactar su inclusión expresa en el texto del actual art. 38 de la Constitución Nacional. La eliminación del financiamiento público requeriría por ello una reforma constitucional. Es posible que los excesos actuales fuercen acaso una suspensión transitoria y "por única vez", una alternativa que, en el fondo, tampoco desagradaría a la administración Milei, tan interesada como cualquier otra en retener las ventajas del control de esa curiosa anomalía institucional que es el papel central del Ministerio del Interior y la justicia federal electoral en la administración del proceso electoral. 

Otra parte sustancial del programa de las Extraordinarias intenta abordar un conjunto de leyes penales federales, inspiradas por similar espíritu de innovación experimental. Las leyes parten del supuesto ideológico y muy poco verificables de la supuesta amenaza del "crimen organizado" en el caso argentino. La recepción de las "legislaciones antimafia" generalizadas en otros países, supone en efecto la existencia de mafias, en el sentido que la expresión adquiere en casos arquetípicos como los del Mediterráneo y algunos países de Europa del Este. 

En este punto el Gobierno vuelve a pecar de apresuramiento y cede ante el atractivo retorico del populismo punitivo. Tal como están diseñados los proyectos actuales solo permitirán actuar ante formas menores de crimen organizado. Considerar "mafias" a las bandas de delincuentes de los asentamientos marginales de los conurbanos bonaerense o rosarino -con todos sus dirigentes ya con condenas perpetuas dictadas por la justicia ordinaria y en función de la legislación ya vigente- es sin duda un exceso, tal como lo demuestra entre otras, el fracaso de experiencias como la italiana. 

En este, como en muchos otros puntos, los remedios apresurados solo pueden coincidir a pérdidas aún mayores en la confianza pública hacia el sistema de la protección penal. Cabe por ello insistir una vez más en el hecho de que la demanda social no pasa tanto por la eficiencia de la respuesta punitiva, cuanto por la urgente implementación de políticas de prevención contra la violencia y la inseguridad. Lo que se exige es que no haya inseguridad, que se opere sobre las causas y no sobre los efectos. Se reclama, sobre todo, una presencia institucional mucho más activa frente a los factores criminógenos más importantes. Más que prometer "el que las hace las paga" -una expresión que irrita ante los efectos irremediables del delito-, importa asumir con responsabilidad condiciones sociales que favorezcan la seguridad y el control de riesgos, Una materia que, por supuesto, excede la competencia de jueces, fiscales, policías o fuerzas militares movilizadas. 

La cuestión se agrava en cuanto se advierte que, a la hora de asumir la reforma penal, el Estado nacional sigue pensando desde la óptica estrecha y acotada de la justicia federal, sin tener en cuenta que "un abordaje integral" como el que se pretende supone la articulación con 24 realidades jurisdiccionales muy diferentes, con sistemas de procedimiento penal propio. 

Son todos campos que deberían ser objeto de la atención ordinaria y cotidiana de los tres poderes. La opción por un tratamiento "extraordinario", puede generar, en cambio, la impresión de que la convocatoria persigue otros propósitos y objetivos no declarados. 

A la hora de explicar la decisión del gobierno cabe pensar que, ante la precariedad de sus posiciones, el Gobierno perciba la necesidad de abandonar los extremos e iniciar un movimiento hacia el centro del sistema democrático, entendido más en su acepción versión republicana, muy diferente a la perspectiva altisonante del cesarismo democrático. En este sentido, es posible que la aceptación del sistema de frenos y contrapesos representado por el Congreso, ofrezca la ventaja cierta de que la calidad de los procedimientos genere niveles de confianza que el voluntarismo de la política del ajuste tarda todavía demasiado en producir.