El Gobierno declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización
La privatización de la aerolínea estatal se enmarca en un conflicto laboral y la necesidad de cambios estructurales.
El Gobierno formalizó la declaración de Aerolíneas Argentinas como una empresa estatal sujeta a privatización mediante el Decreto 873/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Esta decisión se basa en la evaluación de que, tras 16 años de estatización, no se habrían cumplido los objetivos iniciales de la compañía.
Según el Gobierno, la privatización responde a la necesidad de que Aerolíneas opere bajo criterios de eficiencia comercial, promoviendo un ámbito de competencia que beneficie a los usuarios y contribuya al desarrollo económico del país.
La medida fue anticipada la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien indicó que el Presidente de la Nación firmaría un decreto que habilita la privatización de la aerolínea, conforme al artículo noveno de la Ley 23696, conocida como la Ley de Reforma del Estado. En su justificación, el Ejecutivo subrayó que la conectividad aérea es un pilar fundamental para el crecimiento económico de Argentina y que el nuevo enfoque permitirá que Aerolíneas Argentinas se desarrolle en un marco más competitivo, sin que ello implique una pérdida de la soberanía nacional.
El decreto también señala que la privatización tiene como objetivo aliviar las arcas públicas al reducir el déficit que la compañía ha acumulado a lo largo de los años. El Gobierno criticó abiertamente a los trabajadores de Aerolíneas, argumentando que muchos de sus beneficios —como pasajes gratuitos en clase ejecutiva para pilotos y sus familias— contribuyen a una situación económica insostenible. Esta postura generó un creciente conflicto con los sindicatos, que realizaron medidas de fuerza en respuesta a las acusaciones.
La iniciativa de privatización, sin embargo, enfrenta obstáculos en el Congreso, donde un proyecto presentado por el diputado Hernán Lombardi no logró el apoyo necesario para avanzar. No obstante, fuentes oficiales indicaron que miembros de la oposición, incluyendo al PRO y otros bloques, se comprometieron a trabajar en un dictamen que permita avanzar en la privatización. La administración de Javier Milei dejó en claro que, si el Congreso no aprueba la privatización antes de fin de año, la empresa podría ser entregada a sus empleados o incluso desaparecer.
El contexto de esta decisión se complica por la urgencia de nombrar a un nuevo Gerente de Operaciones en Aerolíneas, un cargo que debe ser ocupado antes del 16 de octubre. Sin un liderazgo efectivo, la compañía podría enfrentar serias dificultades operativas. Además, en esa misma fecha, la Asamblea de Accionistas debe resolver la expulsión del sindicalista Pablo Biro del Directorio, un paso que podría agravar aún más la relación entre la administración de la empresa y sus trabajadores.