Estafa al Juzgado de Faltas: tres empleados pegados en falsificaciones entre abril y septiembre
De acuerdo con la acusación, Carrizo, Díaz y Rojas Ocampo disfrazaban los números. El primero fue indagado ayer y se abstuvo de declarar. Auditoría, lo que viene. Informes al por mayor. PAGOS IRREALES La denuncia fue refrendada el 11 de septiembre por Matías Esteban Balmaceda
Comprobantes y pagos distorsionados serían los reproches enrostrados por la Fiscalía a los tres empleados detenidos del Juzgado de Faltas, cuyas defensas adelantaron que solicitarán una auditoría, en pos de establecer una real dimensión de la presunta "estafa en perjuicio de la administración pública".
Ellos son, Ivo Daniel Carrrizo, 31 años, empleado administrativo del Bº Costanera; María José Díaz, embarazada, Bº Tarapaya y Felipe Rojas Ocampo, domiciliado en las torres a la vera de la autopista Juan Domingo Perón.
De acuerdo con la investigación a cargo del fiscal Nicolás Heredia, la denuncia fue motorizada por el titular del Juzgado, Matías Esteban Balmaceda, el 11 de septiembre pasado.
Control interno
En su presentación, el funcionario "… puso en conocimiento que luego de realizarse un control interno contable de los pagos ingresados por transferencia, en el período comprendido de abril a septiembre, se detectó que varios de ellos no fueron ingresados a la cuenta asignada al efecto".
Ahondó que al verificar los comprobantes, "… se reveló que si bien los pagos estaban cargados, sus comprobantes eran falsos y no se habían acreditado en los saldos contables de la Cuenta Bancaria Especial Secretaría de Seguridad…".
Ante esta situación y al verificar los usuarios que cargaron los pagos, "… se detectó que tres empleados de dicha repartición, Carrizo Ivo Daniel, Díaz María José y Rojas Ocampo Felipe cargaron comprobantes falsos en su mayoría".
Maniobra delictiva
No fue todo, para Balmaceda "… falsificaron los importes de los originales, que sí figuraban acreditados" en la entidad crediticia, deslizó una alta fuente al cierre de esta edición.
Se sospecha que la maniobra delictiva consistía en que el imputado (en este caso, Carrizo) "en su carácter de empleado, mediante la carga en el sistema informático del Juzgado, de comprobantes de transferencias bancarias falsificados, ardidosamente daba por cumplida la multa impuesta a los infractores y desviaba las sumas abonadas por ellos, con el fin de obtener un beneficio económico personal en perjuicio del Estado Provincial", especificó la Fiscalía.
Las pruebas clave en la incipiente investigación
Las evidencias sobre las cuales, la Fiscalía sustenta su accionar, primero, en la denuncia de Balmaceda y documentación.
Le seguirían, entrevistas testimoniales a dos contadores del organismo damnificado fechadas el 20 de septiembre; informe del Departamento Delitos Económicos del 17 de septiembre; comprobantes de transferencias y detalles de movimientos de banca correspondiente a la cuenta bancaria especial Secretaría de Seguridad correspondientes a cargas realizadas por Díaz, Carrizo y Rojas Ocampo.
Vale incluir, informe de Delitos Económicos sobre documentación bancaria, en relación a transferencias realizadas a la cuenta bancaria especial de la Secretaría de Seguridad; un informe realizado por una abogada en la causa; resolución de allanamiento, registro, secuestro, requisa personal, y detención dispuesta por el juez de Control y Garantías, Sergio Mario Guillet de fecha 19 de septiembre; actas de procedimiento del 22 de septiembre y otras medidas, entre otras pruebas, destacó ayer la Fiscalía.
Por ahora, Carrizo calla
Para los funcionarios, los pagos genuinos "… nunca ingresaron a la cuenta especial Secretaría de Seguridad, ocasionando con ello un perjuicio económico a la provincia en un monto aproximado de $ 4.000.000".
Sin perder tiempo, los abogados de Carrizo y Díaz adelantaron ayer que solicitarán una auditoría, por entender que "el concepto genuino del delito no fue acreditado y depurado", según indicó Carlos Ríos López, quien asiste a Carrizo, también chofer en el Juzgado de Faltas.
El imputado fue indagado y por consejo de la defensa, se abstuvo de declarar, pero adelantó que en dos semanas ampliará su declaración de imputado. Allí se sitúa el tiempo de maniobrabilidad de la defensa, dos o tres semanas. Luego, la Fiscalía solicitará prisión preventiva para los hasta anoche tres detenidos.