Detuvieron a tres empleados del Juzgado de Faltas de la Provincia por una presunta "defraudación"
Los operativos se materializaron bien temprano en los domicilios particulares. Secuestraron celulares que serán analizados. Una detenida, embarazada y con arresto domiciliario. DELITOS ECONÓMICOS Los procedimientos, impulsados por el fiscal Mauricio Fabián Abramzuc y juez de Control y Garantías, Sergio Guillet
Efectivos del Departamento Delitos Económicos detuvieron ayer a tres empleados del Juzgado de Faltas Administrativas de la Provincia, ante firmes sospechas de conformar una "banda" que habría incurrido en una "defraudación" con la recaudación.
Pese al hermetismo en que el incipiente proceso es instruido por el fiscal, Mauricio Fabián Abramzuc, trascendió que los funcionarios detuvieron a las 7.30 a María José Díaz, Felipe Rojas Ocampo y a Ivo Daniel Carrizo.
El prólogo de la causa sería una queja de un contribuyente que después derivó en una denuncia a cargo de las autoridades del organismo, en teoría damnificado. Éstos habrían llevado adelante una "cuasi" propia investigación, hasta arribar a la conclusión de que el caso requería una exhaustiva investigación Penal.
La investigación
El Juzgado de Faltas se encuentra ubicado en San Martín al 100 y Entre Ríos. Y los procedimientos fueron dispuestos por el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet (foto), en base a acciones ante un posible delito de "defraudación en perjuicio de la administración pública".
Las sospechas -al cierre- eran que los tres empleados habrían vulnerado la seguridad e incurrido en ilegalidades, al desviar fondos desde el órgano recaudador en concepto de multas por faltas y/o contravenciones.
Se sabe que los empleados Carrizo y Díaz cumplirían funciones en las áreas de "notificaciones". En tanto, Rojas Ocampo en "Mesa General de Entradas".
Los voceros confiaron que los enviados de Delitos Económicos habrían incautado celulares, pero una fuente paralela deslizó que buscaban sellos y otros elementos clave.
Pericias y videos
Con los tres empleados detenidos, el objetivo primordial de la Fiscalía anoche era que fuesen alojados en diferentes organismos de la policía, mientras apuraba el trámite para indagarlos, ya sea mañana o el miércoles.
Desde esa misma inmediatez, la Justicia proyectaba anoche un entrecruzamiento de información matemática sobre los trámites, los pagos registrados y los dineros emergentes ingresados a las arcas del organismo.
Ya con los tres empleados imputados y/o detenidos, los expertos de Delitos Económicos efectuarán controles, verificaciones, y posibles triangulaciones sobre pagos especiales y específicos: los operativos se traducirían con análisis en las computadoras operadas por Díaz, Carrizo y Rojas Ocampo.
A ello se le añadirían pericias a sus celulares personales, secuestrados, basados en controles sobre trámites y comunicaciones con infractores, graficaron genéricamente los funcionarios: todos, reticentes en aportar nombres, fechas, montos y cómo se precipitó la denuncia, cual combustible que avivó el fuego policial-fiscal.
Domiciliaria por 7 meses de gestación
Díaz cursaría un embarazo de siete meses, se supo anoche. En el procedimiento, la empleada detenida (con residencia en el Bº Tarapaya) habría informado a los funcionarios que por "indicación médica" debía guardar reposo y un riguroso cuidado.
Ante ese panorama, los funcionarios policiales habría informado a la Fiscalía y a la propia jueza de Control y Garantía, Carolina Salas (foto), quien después de analizar con detenimiento el caso, le concedió la domiciliaria.
La mujer enfrentará el proceso alojada en su domicilio particular. Las fuentes confiaron que le fue incautado el celular, al igual que a los otros empleados del organismo.
Ahora, los policías trabajan en la extracción del contenido de los aparatos, adelantó un funcionario a esta Redacción.
"Rebajas" en multas ¿y gratificaciones?
La Fiscalía pondrá primera hoy en la investigación, a sabiendas de que tiene 15 días, antes de requerir prórroga de detención. Después, contará con otros 15 días, a fin de pedir la prisión preventiva.
Muy a pesar de los rumores entrecruzados, una alta fuente adelantó que el "pecado" que habrían cometido los sospechosos es reducir drásticamente el monto de varias multas, pero todo sujeto a "gratificaciones" a cargo del infractor.
Allí concentraban su atención anoche los efectivos, resueltos en evitar filtraciones, mucho menos desnudar cuantitativamente las recurrencias en las maniobras.
La verdad quizá comenzará a insinuarse con las indagatorias, pero las defensas aconsejarían que "no abra la boca ninguno de los detenidos", al menos hasta tanto conocer la magnitud de pruebas con que Fiscalía acaba de imputarlos.