El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció al sindicalista Pablo Biró por extorsión y amenazas
La desición de la cartera que conduce Bullrich busca preservar la estabilidad de un servicio esencial y proteger los derechos de los ciudadanos.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, a través de su director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto, presentó una denuncia penal contra Pablo Biró, Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), por la presunta comisión de delitos de acción pública.
La presentación ante el Juzgado Criminal y Correccional 12 a cargo de Elizabeth Paisán, secretaría 137 de Julio Herrera, surgió tras las declaraciones de Biró ante medios de prensa sobre su decisión de utilizar su posición dominante como Secretario General de APLA para perjudicar el transporte aéreo de pasajeros advirtiendo de "males futuros", que profundizarían el perjuicio para la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y para el público en general.
El texto de la denuncia cita una declaración del gremialista donde dice: "Esto se va a poner mucho peor...". Los dichos de Biró se realizaron en el marco del conflicto aeronáutico relacionado con la decisión del Gobierno Nacional de declarar el transporte aéreo como un "servicio esencial", imponiendo la obligatoriedad de mantener un "servicio mínimo" en actividades de importancia estratégica para el país.
El Ministerio de Seguridad considera que las acciones y declaraciones de Pablo Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal. La denuncia enfatiza que el derecho a huelga debe ejercerse de manera razonable y proporcional, y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública.
La decisión de la cartera que conduce Bullrich busca preservar la estabilidad de un servicio esencial y proteger los derechos de los ciudadanos. Cualquier medida de fuerza que afecte servicios públicos esenciales sin agotar otras vías previas podría ser considerada una "huelga salvaje" y, por lo tanto, estar fuera del amparo constitucional.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ratifica su compromiso de garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad pública, y pide a la justicia que tome las medidas correspondientes frente a la gravedad de las amenazas vertidas por el gremialista Pablo Biró.