"Hay que ver cómo se justifica negar esa pequeña suba a 6 millones de jubilados que mueren de hambre"

El defensor de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino, se refirió a la decisión anunciada por el presidente Javier Milei de vetar la ley de Reforma de Movilidad Jubilatoria e indicó al respecto que "es una medida disparatada" a la par que lo calificó de "una derivación de las decisiones monárquicas" y afirmó que se esperará los términos en lo que se publicará esa decisión, pero indicó que "es muy factible que presentemos un amparo colectivo" en su rechazo.

El dirigente, afirmó que "el veto de la sancionada Ley de Reforma de Movilidad, que en realidad es una pequeña reforma que modifica positivamente algunas cuestiones, pero que en términos de lo que es la gravedad de la actual situación del jubilado, no cambia sustantivamente en el presente".

Puntualizó que lo que repara la Ley de Reforma de Movilidad que el Presidente anunció que vetará, "en realidad esos mentados 8 puntos que establece para los jubilados de la mínima y para las pensiones no contributivas, es en la actualidad poco significativo. Recordemos que con las mínimas terminaron agosto 5 millones de beneficiarios recibiendo, aún con el bono, $290 mil. Y las pensiones no contributivas, casi un millón de personas con discapacidad, y las Puam que reciben esos haberes, llamados submínimos, lo que les ingresaría es entre $11.000 y $13.000".

En este punto, si bien relativizó el impacto que tendría el aumento ya que se trata de una suma poco significativa, sí valoró otro de los puntos que establece la ley sancionada que se vetará. En ese sentido, explicó que "lo que correctamente establece la ley sancionada es incorporar ese llamado bono al haber, cosa que debía haber sido así siempre, y esto implica que las futuras movilidades, aplicación de la ley de movilidad, se de sobre el total".

El veto

Para Semino, el veto a esta ley que ya anunció el presidente Milei, "es una medida disparatada, lo considero una derivación, y lo es, de las decisiones monárquicas". Pero rescató también que "hay que tener claro que está en nuestra Constitución Nacional, es un derecho del Ejecutivo, lo han utilizado todos los presidentes y frente a esta instancia hay que tener presente algo de lo que se está hablando muy poco".

En este sentido, reparó en que "la Constitución dice también que ese veto tiene que estar fundado y obviamente esos fundamentos tienen que tener visos de razonabilidad. Estamos esperando el texto, porque hay que ver cómo se justifica el negar ese pequeño incremento (entre $13 mil y $15 mil) para 6 millones de argentinos que literalmente se están muriendo de hambre o que, como dice la Iglesia Católica, tienen que optar todos los días por comer o comprar el medicamento".

Puntualizó que "si vemos que no existe margen de razonabilidad, puede ser atacado judicialmente en el Fuero de la Seguridad Social. Ya hemos hecho amparos colectivos en otras oportunidades, inclusive en el 2019 en la gestión de la anterior administración, cuando se suspendió la ley de movilidad y es muy factible que hagamos un amparo colectivo".

Pero también destacó que "el otro 50% de responsabilidad es del Poder Legislativo. Si los diputados y senadores que votaron esta ley sancionada repiten su presencia y su voto, recordemos que hace falta dos tercios de los presentes en cada Cámara para rechazar el veto".

Afirmó que "ahí está el otro gran interrogante, en el comportamiento de aquellos que ya votaron y que ya estuvieron. Son las dos grandes incógnitas, el alcance del veto, cómo saldrá y cómo reaccionarán los legisladores".

"Si vemos que no existe margen de razonabilidad, puede ser atacado judicialmente en el Fuero de la Seguridad Social. Ya hemos hecho amparos colectivos en otras oportunidades, inclusive en el 2019".