Procesaron a 9 acusados por asociación ilícita y lavado de activos en una causa idéntica a Peta

A un mes de que la plataforma de "inversiones" Peta cesara de operar y dejara a más de 80 mil santiagueños estafados y sin poder contar con su dinero, la Fiscalía de Delitos Complejos de la Circunscripción Capital, continúa investigando la maniobra.

A la espera de informes de los expertos de Ciberdelito para profundizar la investigación, se conoció un fallo de la Cámara Federal de Tucumán en una causa investigada por la Justicia Federal de Catamarca, provincia en la que operó una empresa con muchas similitudes a Peta y que también dejó miles de personas sin su capital.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán hizo lugar parcialmente al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, revocó la falta de mérito de nueve personas y ordenó su procesamiento por "asociación ilícita". Además, a seis de ellas les atribuyó el delito de lavado de activos. En la causa se investiga a una firma que llevaría adelante delitos en perjuicio del orden financiero y económico en esta última provincia.

El expediente se inició tras una investigación contra los responsables de la empresa "Adhemar Capital SRL". De allí se obtuvieron distintos elementos que darían cuenta de que la firma "RT Inversiones SRL" habría llevado adelante hechos de intermediación financiera no autorizada y estafas.

El caso

El fiscal Gómez marcó que los responsables de "RT Inversiones SRL" armaron una estructura societaria "destinada a la captación de divisas (dólares estadounidenses y pesos argentinos) aportadas por inversores (dentro de los que existe una masa importante de dinero que no estaría justificado)", con la finalidad de operar en el campo de las "criptomonedas" bajo la propuesta - aparente- de un recupero con intereses inusuales para el mercado.

"El estallido de la burbuja financiera creada por la organización aquí investigada no solo produjo un grave perjuicio en la economía de los denunciantes (con aristas de evasión y blanqueo de activos), sino que también afectó indirectamente a la economía catamarqueña, dado la envergadura del volumen de activos captados", detalló.

En su recurso, el fiscal remarcó que "los imputados desplegaron una serie de actos, con apariencia de legalidad, para hacerse de dinero y así poder transformar esos activos en 'criptomonedas' con la finalidad de asegurarse la impunidad que brinda ese mercado virtual".

Puntualizó, además, que era necesario dejar en claro que "las presuntas maniobras ilícitas ejecutadas cuidadosamente por los imputados dañaron directamente la economía del Estado Nacional, ya que jaquearon los mecanismos institucionales de fiscalización que detectaron las irregularidades, pero que fueron incapaces de impedir la salida de los activos del mercado local. También es cierto que los inversionistas de buena fe vieron cómo se esfumaron los ahorros de toda la vida".

Sostuvo, entonces, en el dictamen que las evidencias recolectadas en el expediente dejaron en evidencia que "para la captación de los fondos sin autorización se montó toda una estructura societaria, con apariencia de legalidad, que les permitió a los imputados el acceso a un flujo de dinero en moneda nacional y extranjera, que finalmente en parte fue reintroducido en el mercado financiero formal". Por ello, consideró que las figuras de asociación ilícita y el lavado de activos quedaban evidenciadas.

En ese sentido, reclamó que se revirtieran las faltas de mérito y se procesara a los imputados. Explicó que en la causa quedó demostrado que los responsables obtuvieron dinero de origen dudoso para ingresarlo al mercado financiero formal y/o informal, "tratando de otorgar a dichas operaciones una apariencia de legalidad". Agregó que los que facilitaron los activos al complejo societario investigado "en su gran mayoría no justificaron la licitud del dinero aportado".

Recordó que, de acuerdo con la información que surgió de una computadora, el dinero captado pertenecería a los aproximadamente 2.500 inversores que habrían confiado sus ahorros a la firma bajo investigación a cambio de un importante interés. "Resulta llamativo que sólo un porcentaje reducido de inversores se hayan apersonado y requerido participación activa en la pesquisa", indicó.

"El estallido de la burbuja financiera creada por la organización aquí investigada no solo produjo un grave perjuicio en la economía de los denunciantes (con aristas de evasión y blanqueo de activos), sino que también afectó indirectamente a la economía catamarqueña, dado la envergadura del volumen de activos captados", sostuvo el fiscal Gómez.

La decisión de la Cámara

Los jueces Mario Rodolfo Leal, Ricardo Sanjuan y Fernando Povina junto con las juezas Marina Cossio y Patricia Moltini sostuvieron que de las constancias de la causa surge que se trata de una firma que con habitualidad se dedicaba a captar dinero (tanto pesos como dólares) de particulares. Esas sumas "supuestamente eran destinadas a 'inversiones' en criptomonedas u otras operaciones, para la obtención de un margen de utilidad, el cual se encontraba muy por encima de los márgenes ofrecidos por las instituciones financieras legalmente constituidas, sin haber estado autorizada por el organismo correspondiente para hacerlo".

Hicieron foco en que los socios de RT Inversiones como varios integrantes activos de la empresa se habrían dedicado a llevar adelante estas acciones. En concreto, señalaron que se habría engañado a los "inversores" con el objeto de obtener una disposición patrimonial en su perjuicio, y sabiendo que no podrían hacer frente al pago de los altos intereses prometidos.

Por ese motivo, ordenaron los procesamientos de nueve personas por integrar la asociación ilícita. Siete de ellos ya se encontraban procesadas por la intermediación financiera. A su vez, a seis de los implicados se los procesó por lavado de activos. "Nuestra legislación impide que los movimientos de dinero en las dimensiones que manejaban en RT se realizaran en efectivo, sino que deben hacerse bancarizados", señaló el tribunal revisor.

En ese sentido, indicó a uno de los imputados como quien recibía el dinero físico y lo integraba al sistema de criptomonedas, por lo que "lavaba" el dinero que el grupo de imputados recaudaba de la intermediación financiera no autorizada y de la estafa. Por último, consideró que no se hallaban los elementos para procesar como había requerido el MPF al resto de los implicados, por lo que ratificó la falta de mérito para 19 de las personas investigadas en este tramo.