Cómo es el proyecto de ley para que deudores alimentarios no puedan entrar a los estadios
En la Argentina el 68% de los progenitores no convivientes incumple la cuota alimentaria
En la Legislatura porteña se presentó esta semana un proyecto de ley sobre deudores alimentarios, que busca impedir su acceso a eventos deportivos y culturales pagos en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto propone modificar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos para "impedir el libre acceso de las personas inscriptas en ese registro a eventos masivos deportivos y culturales pagos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
De avanzar, la medida se implementaría exigiendo que las instituciones organizadoras de estos eventos dispongan de controles de acceso mediante dispositivos tecnológicos.
El legislador porteño de Unión por la Patria, Juan Manuel Valdés, presentó este proyecto con el objetivo de ampliar las restricciones para los padres que deben alimentos. Actualmente, las restricciones incluyen la renovación de la licencia para conducir y la realización de viajes al exterior del país. Este nuevo proyecto busca extender estas medidas a la asistencia a eventos culturales y deportivos.
En la actualidad, solo un juez puede imponer una restricción de este tipo, pero la nueva legislación aplicaría a todas las personas inscriptas en el registro de deudores alimentarios. La iniciativa busca dar una herramienta a la Justicia para generar consecuencias sociales para los deudores, dado que los tiempos judiciales suelen ser extensos.
Según datos de 2023, en Argentina, el 68% de los progenitores no convivientes incumple la obligación alimentaria, y solo una de cada cuatro mujeres separadas recibe la cuota correspondiente. Además, UNICEF indica que el 68% de los hogares monoparentales están bajo la línea de pobreza y el 23% bajo la línea de indigencia, lo que significa que no pueden cubrir la canasta básica alimentaria.
El incumplimiento de las cuotas alimentarias vulnera el derecho básico a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Recientemente, un fallo judicial calificó esta situación como "una forma de violencia económica por razón de género".