La Justicia investiga las contrataciones de Capital Humano, tras el escándalo de alimentos
Finalmente, el escándalo de corrupción que envuelve a la cartera que conduce Sandra Pettovello llegó a la Justicia.
El escándalo por los alimentos retenidos en los galpones que tiene el Ministerio de Capital Humano parece ser sólo el principio de una fuerte crisis en la cartera que administra Sandra Pettovello. De hecho, tras un informe de Argenzuela por C5N, la Justicia decidió investigar las contrataciones en esa área del Gobierno a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
En este sentido -también desde el programa que conduce Jorge Rial- indicaron que "el fiscal Ramiro González acaba de disponer las primeras medidas de prueba" que incluyen la solicitud de "copia certificada del convenio marco suscripto entre el Ministerio de Capital Humano y la Organización de Estados Iberoamericanos, la totalidad de las actas complementarias suscriptas entre ambos desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha, las actas suscriptas entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la OEI, el listado de los contratados y un relevamiento de todas las contrataciones realizadas por la cartera y copia certificada de las actuaciones sumariales labradas como consecuencia de los hechos que se denuncian".
Además, detallaron que el caso desatado "a raíz de los dichos periodísticos en el programa Argenzuela" -según expresa el escrito- tendrá su audiencia el próximo 13 de junio.
La Cámara Federal ratificó la medida del juez Casanello por alimentos
La Cámara Federal rechazó el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Capital Humano por el escándalo por los alimentos acopiados y ratificaron la decisión del juez Sebastián Casanello para que el Gobierno elabore un plan de distribución.
"Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa", escribió Juan Grabois en su cuenta de X, quien celebró el fallo firmado por los jueces Martín Irurzun, Guillermo Farah y Roberto José Boico.
De esta forma la Cámara Federal confirma la medida ordenada por el juez Sebastián Casanello dónde le solicita al Ministerio de Capital Humano elaborar "un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato".
Además, en la apelación realizada por el Gobierno señalaban que consideraban que el fallo era "arbitrario y contradictorio" e implicaba "una intromisión del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional", esto también fue rechazado por la Cámara Federal, ya que dijeron que "no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos".