Advierten que artículo habilita un despojo de bienes al Estado

El Senado retomó el tratamiento en comisión de la Ley Bases en las que hubo un fuerte cruce entre Héctor Daer, de la Confederación General del Trabajo, y el senador de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche (Jujuy), quien le recriminó al triunviro de la CGT y titular de Sanidad por el accionar de la central obrera durante el gobierno de Alberto Fernández: "¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?".

Daer amagó con retirarse por considerar una falta de respeto la recriminación del senador libertario, ante lo cual la senadora de Unión por la Patria (UxP), Juliana Di Tullio, reprobó a su par oficialista la actitud para con el expositor.

Luego, Di Tullio advirtió que dentro de la Ley Bases hay un artículo que legalizaría la estafa contra el Estado y su patrimonio.

Fue cuando el abogado Carlos Nielsen Enemark detalló cómo funcionaría el "silencio positivo" en la reforma del Procedimiento Administrativo que está inscripta en el paquete de leyes. Explicó que con apenas hacer una petición a la Agencia de Administración de Bienes del Estado por unas tierras y no obtener respuesta de la organización en 60 días, el interesado podría quedarse con el terreno.

Para la senadora de UxP, la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo que incluyó el gobierno de Javier Milei en la Ley Bases, parece orientada a habilitar "negocios inmobiliarios" de privados con bienes del Estado.

"Por ejemplo, pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del (tren) Sarmiento que tiene el dominio de la titularidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AAB). No me contestan en 60 días, ¿por lo tanto la respuesta es positiva, según este artículo?", consultó Di Tullio. "Sí, en los términos del artículo sí", respondió Nielsen Enemark.

"Según este artículo, pido, no me contestan en 60 días y es mía (la tierra). Porque el silencio es el sentido positivo: si a mí no me contestó en 60 días, pelito pa' la vieja: esa tierra es mía. A mí me suena a un montón de negocios inmobiliarios", planteó Di Tullio.

Y agregó: "Póngale que yo me quedo con la tierra que tiene AABE, que no me contestó en 60 días, entonces el sentido es positivo y ahí yo exijo la inscripción registral, la emisión de certificado y la autorización correspondiente en sede administrativa ¿Es correcto lo que estoy diciendo?". A lo que Nielsen Enemark respondió que estaba en lo cierto.

Para el letrado, se trata de un "proyecto de ley claramente elaborado por un sector interesado que no observa lineamientos de interés común".

"No es una modificación de las herramientas de la gestión del interés público. Es una modificación a favor de los sectores dominantes para hacerse de recursos públicos a favor de diferentes institutos jurídicos", alertó el abogado.

Y recalcó: "Esta ley, de ser aprobada, va a sufrir cuestionamientos (judiciales) de toda índole. Va a generar más problemas que soluciones. Hay errores groseros de derechos, inconsistencias y contradicciones".

"Hay consecuencias patrimoniales graves para el Estado que no son posibles de mensurar. Los que tienen posibilidad de actuar contra el Estado son las grandes corporaciones, que se verían beneficiadas de aprobarse este proyecto de ley", insistió Nielsen Enemark, al decir que el "proyecto tiene una matriz pensada para entregar los recursos del Estado a ciertos actores privados".