Un comerciante santiagueño denunció a firma de encomiendas
La demanda se inició por una encomienda con mercadería que fue robada en forma parcial en la pandemia.
Un comerciante santiagueño denunció penalmente a una empresa de encomiendas con sucursales en las principales ciudades del país, acusándola de presunta falsificación de instrumento público, ya que asegura que la firma intentó burlar a la Justicia al falsear documentación en un litigio que ya lleva casi tres años.
Según explicaron fuentes judiciales, en plena pandemia de coronavirus, un comerciante de apellido Córdoba, debía recibir en el 2021 una encomienda con mercadería (prendas de vestir) y cuando llegó, uno de los paquetes había sido dañado y le faltaba parte de la misma, por lo que inició un reclamo con su abogado, el Dr. Franco Garnica.
Pese a las denuncias y reclamos, la empresa se negó a reconocer el hecho, tanto ante la Fiscalía como ante el Enacom, como ente regulador de empresas de entregas postales, desde donde emitieron un dictamen favorable e intimaban a la firma a resarcir a Córdoba por el perjuicio ocasionado, pero nunca habrían cumplido con ello.
Por el caso se inició una demanda civil y a mediados del 2023 se ordenó un embargo preventivo, señalaron las fuentes consultadas.
La Justicia habría dispuesto por ese entonces que el perjuicio había sido por un monto de $250 mil aproximadamente, por lo que embargó de forma preventiva a la firma.
Ahora el Dr. Garnica habría radicado una denuncia penal en contra de la empresa y de los abogados de la firma, por una presunta maniobra fraudulenta que salió a la luz en los últimos días.
Al letrado le habría llegado una notificación de un requerimiento para archivar el proceso en el Enacom, en la que la empresa habría adjuntado un comprobante de transferencia como que ya había pagado la deuda al denunciante, pero en realidad sería el comprobante del embargo preventivo del Juzgado Civil en el que se continúa con la demanda y está en etapa de prueba. A criterio del comerciante y su representante legal, se trata de una maniobra fraudulenta, ya que la empresa buscaría así evitar multas del ente regulador y si el Juzgado solicita un informe, no saldría en los registros falta alguna, lo que podría favorecer a la empresa en un eventual dictamen de la demanda por daños y perjuicios.
Ahora ante la denuncia penal, tomará intervención la Fiscalía y solicitaría medidas para tratar de determinar quién falseó la documentación y comprobantes de pago utilizados en el caso.