No al cese de prisión del policía federal por el crimen de Móttola

El cabo de la Policía Federal, Juan Pablo Fernández, pasará las fiestas de fin de año en el Centro Único de Detenidos, al haberse frustrado ayer el cese de prisión en el asesinato de Eduardo Móttola y por el que lleva detenido casi cuatro años y tres meses.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones, conformada por Sandra Generoso, Olga Gay de Castellanos e Inés Zamora, al desestimar el planteo presentado por el abogado del policía, Guillermo Ruiz Alvelda. Por la Fiscalía, intervinieron Luciana Jacobo y Carla León. Y por la querella, Gabriel Coronel Chalfón.

Móttola fue asesinado la noche del 6 de agosto del 2018 en su taller del Bº Libertad. El sospechoso sería un solitario sicario que arribó, disparó 9 veces y en 6 hizo blanco.

Luego, literalmente desapareció sin ser identificado. La causa experimentó un bajón y recién fue reactivada el 18 de septiembre del 2019, al ser apresado Fernández en Hurlingham, Buenos Aires. Le siguieron, la peluquera Jésica Paola Díaz y el amigo, Damián Nicolás Díaz.

Para las fiscales, Jésica ideó el asesinato de Móttola, su ex amante, ya que éste realizó una impugnación de paternidad a una niña de 4 años reconocida por un gendarme.

Enfrente, Fernández sostiene que antes de caer preso era un peluquero. "Vine a Santiago por dos semanas. Arribé con instructores y trabajé en Santiago con 25 cursantes. Hicimos el trabajo y hay numerosas fotografías del encuentro. Trajimos un equipo grande de peluquería", sostiene uno de los escritos.

Ahondó que mal podría haber estado matando a Móttola, y la vez trabajando en La Banda.

Proyecta, urgente, fijar residencia en Santiago hasta el juicio oral

La defensa bregó ayer por la libertad de Fernández y chocó de frente contra los fundamentos de la Fiscalía y la querella, resueltas en clausurar el proceso y que sea ventilado en juicio en el primer semestre del 2024.

Por un lado, Ruiz Alvelda destacó las normas legales que habilitan a un detenido a reclamar el cese de prisión cuando los plazos legales que justifiquen la medida, han expirado. En ese caso, superó los 2 años fijados más los teóricos 2 de prórroga.

Sin embargo, las otras partes destacaron que la condición de foráneo tornan imprevisible su conducta (podría huir), sumado a su condición de funcionario policial, hecho que la defensa no pasó por alto.

Desde hace largos meses, Fernández resolvió fijar residencia en Santiago del Estero, hasta tanto fuese ventilado el juicio. Su objetivo es hacer todas las concesiones, ser liberado, y esperar el debate oral.

El primer intento le fue esquivo. Puertas adentro, su entorno confía en una segunda antes que termine la actividad judicial del 2023. Esta vez, ante un vocal en la vía intermedia del análisis de pruebas, antesala al arribo del caso ante el tribunal que juzgará a los 3 imputados.

Para la Fiscalía, "Jésica, la ideóloga del plan; Fernández, autor y Silva, financista"

Para la acusación, Jésica fue el cerebro; Fernández el autor y Silva, el financista. Se viene un juicio librado a la íntima convicción y la sana critica racional. A tal fin, la acusación presentará informes de antenas telefónicas que, afirma, sitúan al menos a Fernández en la ciudad. También, dineros de préstamos en manos de Silvia y Díaz, erigida en el rol de amante despechada de Móttola.

Frente a un tribunal, las partes definirán la batalla final: en ella, poco importa lo que fue tejido en la instrucción, sino lo que vayan a revelar todos los actores.

Mal que les pese (a todos) los tres vocales reclamarán certezas absolutas. Hasta hoy, nadie vio a Fernández gatillar 9 veces en el cuerpo de Móttola, un detalle que obliga a las otras partes aportar múltiples piezas que posibiliten un contexto genuino, o bien esas sospechas que hasta hoy lo mantienen encerrado, en el juicio pueden liberarlo.