Polémica en Boca por la nueva jueza que decidirá si habrá elecciones en el club
Se trata de la Dra. Analía Victoria Romero que sería socia activa de la entidad y que no habría respetado el orden de inscripción como adherente.
Boca Juniors no deja de ser un club que está en el tapete y no es para menos. A la decisión de la jueza Alejandra Abrevaya de apartarse de la causa que la llevaron a suspender la semana pasada las elecciones presidenciales en la entidad de la Ribera, ayer se sumó otro capítulo que puede generar más incertidumbre de cara al futuro.
Se trata de la designación de la Dra. Analía Victoria Romero, la nueva magistrada que se hará cargo de un conflicto que parece no tener fin y que tiene al oficialismo y a la oposición en un duro enfrentamiento por las elecciones que debían haberse realizado el domingo último y que no pudo ser por una determinación previa de la Justicia de Buenos Aires.
Pero el tema aquí es que (según consta en una publicación del diario Olé), la jueza Romero hoy también estaría entre aquellos 13.364 socios activos de Boca que fueron incorporados al padrón electoral del club sin haber respetado en su momento el orden de inscripción como adherente.
"A Romero, que figura en el padrón y se encuentra en condiciones de votar en la mesa 219, la acusaron en las redes sociales de haber pasado a la categoría activo sin antes haber sido adherente. Y también señalaron que tiene el cargo de jueza desde 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, lo cual sería un vínculo claro con la oposición que justamente presentó la denuncia que derivó en la suspensión de los comicios", expresa la nota que fue publicada ayer por Olé en su portal web.
¿Qué puede pasar ahora ante este nuevo dilema en Boca? Hay que esperar si Romero acepta la designación de la Justicia y si es así tendrá que rectificar la decisión tomada por su colega Abrevaya o bien le da un nuevo curso a la apelación presentada por el oficialismo en contra de las supuestas irregularidades en el padrón electoral y por ende en la suspensión de las elecciones del domingo pasado.
Cabe acotar que la única fecha disponible para que se pudiera realizar este año el acto eleccionario en Boca es el domingo 17 del corriente, caso contrario podría trasladarse para el 2024 con fecha a determinar.
Ayer, la titular del Juzgado 11 en lo Civil de la Nación, Alejandra Abrevaya, se apartó de la causa en el marco de la cual fueron suspendidas las elecciones en Boca Juniors, luego de la recusación presentada por el club debido a irregularidades en el proceso de investigación y falta de garantías de imparcialidad.
Abrevaya dictó una medida cautelar que suspendió las elecciones por una denuncia presentada por la lista opositora que encabezan Andrés Ibarra y Mauricio Macri en relación a la habilitación irregular de unos 13.364 socios en el padrón.
La fórmula del expresidente "xeneize" argumentó que ese universo de asociados había pasado de forma indebida de la categoría adherente a la de activo, sin respetar el orden de inscripción, algo previsto en el estatuto de Boca.
Los representantes legales de la oposición y el oficialismo, que postula como presidente a Juan Román Riquelme, asistieron el jueves pasado a una conciliación obligatoria en la que no hubo acuerdo sobre la cuestión objetada.
El club aceptó revisar el estado de unos 3.768 casos y sugirió que las elecciones se llevaran a cabo de acuerdo al calendario previsto, con esos socios sufragando por separado del resto. En caso que los resultados de los comicios arrojaran una diferencia mayor en favor del ganador, la cuestión discutida quedaría sin efecto.
Caso contrario, de ser menor la distancia, la Justicia determinaría caso por caso la situación de cada socio.
El viernes, Boca apeló la medida cautelar y presentó una recusación contra la jueza Abrevaya por entender que su decisión fue "un verdadero sinsentido que vulnera todas las disposiciones legales vigentes".
La fórmula Riquelme-Jorge Ameal denunció públicamente que la jueza falla a pedido de Ibarra-Macri para entorpecer el proceso electoral, que inicialmente sería el sábado 2 y fue postergado por un pedido de la Delegación de Asociaciones Israelíes de Argentina (Daia). En la comunidad judía, el sábado (shabbat) es un día de descanso que impide realizar determinadas actividades.