Confirman preventiva a exsubcomisario en millonaria estafa a Lo Bruno y al Copse
La resolución fue refrendada por Cristian Vittar, Sandra Generoso y Gabriela Núñez de Cheble, integrantes de la Cámara de Apelaciones. CHEQUES SIN FONDO Los documentos corresponden a la institución policial
La Cámara de Apelaciones confirmó ayer la prisión preventiva de un exsubcomisario, a quien la Fiscalía y las querellas le enrostran un combo de estafas cercanas a los $ 40 millones y la jefatura de una asociación ilícita conformada también por las cabezas del Círculo de Oficiales de Policía de Santiago del Estero (Copse).
Tras una extensa audiencia, el alto cuerpo ratificó la detención de Jorge Washington Bulacio, receptor de cargos por "asociación ilícita en perjuicio del orden público", "falsa denuncia", "estafas reiteradas" y "administración fraudulenta en perjuicio del Copse", con 900 asociados.
Bulacio hizo su aparición en enero pasado. Un hombre de apellido Tula lo acusó de entregarle U$S 7.000, ya que el ex policía alegaba ser empresario.
Ahondó Tula que esa inversión nunca fue recuperada. A su denuncia le siguieron otras y un allanamiento que desnudó un curioso vínculo de Bulacio con parte de la comisión directiva del Copse. En su incursión por la casa de Bulacio, los policías incautaron, un celular, dólares, cuatro cheques del Copse (uno por $ 500.000), tarjetas de débito y crédito varias, planos catastrales, tarjetas de presentación de la supuesta firma privada.
Urgente, el comisario general (R), Marcelo Castillo Gioya denunció y terminaron imputados, y detenidos, el titular de la institución, Ricardo León González y el tesorero, Fabián Enrique Escobar Armoha.
Castillo Gioya denunció que Bulacio y González habrían intentado defraudar al Copse con una falsa inversión de $ 40.000.000, a través de una empresa denominada "Crecer Construcciones", que según los operadores funcionaba en calle Mitre de capital.
Excarcelado por los dólares no reintegrados a los inversores, pago mediante de más de $ 3 millones a algunos acreedores, Bulacio quedó libre y de nuevo fue imputado, pero por una presunta defraudación al Copse y a Lo Bruno, en una cifra cercana a los $ 10 millones. Otra vez, preso.
En julio, la jueza Carolina Salas refrendó la prisión preventiva de Bulacio como cabeza de una asociación ilícita, a la cual quedaron pegados, González, Armoha y Héctor Leopoldo Melín, el único excarcelado hasta este parte.
Cuatro meses después, Bulacio, con su abogado Horacio Pato, arribaron ayer a audiencia ante el tribunal de la Cámara de Apelaciones, integrado por Gabriela Núñez de Cheble, Cristian Vittar y Sandra Generoso.
Pato instó al cambio de calificativa por "estafas reiteradas", delito excarcelable. El abogado juzgó que no hubo ardid, " ánimo de dolo o delito, sino un negocio que ha salido mal, en razón de los coletazos económicos que sume al país en una turbulencia interminable".
Enfrente, la fiscal, Luciana Jacobo; los querellantes, Marcelo Castillo Gioya y Matías Papa Bitar, por Lo Bruno bregaron por la continuidad de la detención. "Se trató de un fantasma financiero", juzgó Papa Bitar al tribunal al referirse al escándalo.
El tribunal hizo lugar al planteo argumentado y defendido por Papa Bitar, sobre que sí existió una asociación ilícita y cuya cabeza fue efectivamente Bulacio.
Finalmente, la Cámara dejó con las manos vacías a Bulacio, al confirmar la preventiva y cerrarle su celda, con él dentro, al menos hasta el 2024, sintetizaron los voceros.
De casualidad, arrastró a González y a Armoha
Para la Fiscalía y la querella, Bulacio habría impulsado varios negociados con particulares, en una especie de estafa piramidal, cuyo fuerte eran los dólares. Sin proponérselo, en el allanamiento a su vivienda cuatro órdenes bancarias del Copse precipitaron la caída de González y Armoha, teóricos responsables de entregarle una chequera para manejarla sin límites.
Antes de que termine el año 2023, la Cámara de Apelaciones resolvería el futuro de los dos directivos. Se deduce, por lógica decantación, que sería ratificada la "asociación ilícita" y próximamente, enviados a juicio oral y público, ante un tribunal.