Inesperado giro en el caso de la contadora por otro presunto desfalco
Los dueños de la empresa para la que trabajaba la contadora Nicolle y otros socios comerciales (cordobeses), están bajo la lupa. Los comerciantes damnificados cargan contra todos. COMPLEJIDAD Otro fiscal venía investigando desde finales de junio una estafa a una distribuidora local
La contadora Ivana Nicolle y su esposo Andrés Alejandro Morón, detenidos el último jueves, están sospechados de estar implicados en una millonaria estafa a la firma para la que la profesional trabajaba, pero ayer se conoció que la Justicia santiagueña venía investigando a la propia empresa desde mitad de año y que hay varias personas más que están bajo la lupa de la Fiscalía y los investigadores por sus movimientos y omisiones en esta causa anterior.
Hasta ahora se conocía que una empresa del medio para la que la contadora Nicolle trabajaba, era la damnificada porque había detectado desvíos de sus cuentas hacia la del marido de la profesional, en una maniobra que sería por $146 millones, denunciada a mediados de octubre por la titular de la firma.
Sin embargo, ahora se conoció que los allanamientos concretados el jueves por Delitos Económicos, se llevaron a cabo sobre la base de un oficio librado por el fiscal Rubén Alfonzo, y que el juez Fernando Paradelo autorizó a partir de las evidencias con las que cuentan hasta el momento.
En efecto, consultado el fiscal Alfonzo confirmó que él comenzó una investigación el 27 de junio, después de que los titulares de una distribuidora local alertaran que habían sido víctimas de una estafa por más de $80 millones en la compra de mercadería comestible por parte de la empresa privada para la que trabajaba Nicolle.
A partir de la denuncia, efectivos de Delitos Económicos bajo las directivas del fiscal Alfonzo, iniciaron averiguaciones, citaron a la titular de la empresa que compró la mercadería, se solicitó documentación sobre la entrega de la compra en la que también habría formado parte una empresa de cordobesa. Pasando en limpio, la empresa cordobesa y la santiagueña, compraron mercadería por un monto cercano a los $160 millones a la distribuidora local. Parte de la mercadería habría sido entregada en el domicilio legal de la empresa santiagueña, Tomás Édison y Belgrano del barrio Cabildo.
La empresa cordobesa habría pagado su mitad de la compra, mientras que la firma santiagueña nunca pagó los $80 millones. El fiscal Alfonzo junto con los investigadores de Delitos Económicos habrían descubierto que sumas millonarias habrían salido de las arcas de la empresa santiagueña, para la que la contadora Nicolle trabajaba, y habrían ido a parar en las cuentas de Alejandro Morón, el esposo.
No obstante, la Justicia no descarta que haya más involucrados y busca determinar la participación de todos, incluida la titular de la empresa y de un socio comercial. En los allanamientos del jueves, en el domicilio legal de la empresa santiagueña, secuestraron una Volkswagen Amarok y 684 cajas de puré de tomate, que serían parte de la mercadería que "compraron" y no pagaron, pese a que los dueños de la firma habrían afirmado que sí lo hicieron.
Nicolle y Morón prestarían declaración esta semana. En paralelo, la Dra. Celia Mussi, fiscal que tiene a su cargo la investigación contra la contadora y su marido, iniciada por la denuncia de la dueña de la empresa, el 20 de Octubre, también indagaría al matrimonio detenido y solicitaría informes sobre los movimientos financieros de ambos.
La querella cuestiona la segunda causa
Los socios de la distribuidora que denunciaron la estafa a finales de junio, designaron a la Dra. Silvia Abalovich para que represente la querella y en diálogo con EL LIBERAL, la letrada adelantó que mañana realizaría una presentación ante la Justicia por –lo que ella consideraría- ciertas irregularidades en la investigación que surgió a partir de la denuncia de la dueña de la empresa (en octubre).
La Dra. Abalovich sostuvo que la titular de la empresa santiagueña, así como también el hijo de ésta, no podían desconocer la operatoria de la firma y que considera que deben ser investigados. La letrada manifestó que hay medidas probatorias pendientes que pueden ser de mucho valor en el proceso y que ya se aportó una importante cantidad de documentación que avalaría la maniobra denunciada. Sostuvo que al menos un cordobés también habría participado en la transacción comercial y por ahora no hay rastros de su paradero.