Inflación: al gobierno se le agotó el recurso de culpar a las empresas
Por Diego Dillenberger
¡Qué contraste! La imagen del economista Matías Tombolini, secretario de Comercio, muy circunspecto reunido en una mesa gigante negociando la provisión de figuritas del Mundial, con las encuestas que indican que los problemas de la sociedad argentina pasan por otro lado.
Según la última encuesta de D’Alessio IROL Berenzstein, tanto votantes del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio tienen a la imparable alza de precios como principal motivo de preocupación.
Conflictos como el de los sindicalistas del neumático, que llevaron a frenar la producción automotriz; o el de los piqueteros, que volvieron a convertir esta semana el centro porteño en un caos intransitable, podrían ser solo un anticipo de lo que se viene: todo tiene un origen común y es la inflación, y esa inflación es cada vez más alta y más conflictiva.
Por eso la vicepresidenta Cristina Kirchner apeló a lo que mejor sabe hacer: sacarse la responsabilidad de encima. Le hizo el primer reclamo público al ministro Sergio Massa por Twitter para pedirle que controle mejor a los empresarios.
Inflación: echarle la culpa al síntoma
El “relato” siempre funciona así: en realidad no hay inflación, pero, si te parece que hay, en todo caso no es culpa del gobierno, sino de las empresas que suben los precios para ganar más. Conclusión: lo único que tendría que hacer Massa para terminar con la inflación es controlar mejor a las empresas.
La clave del kirchnerismo es echarle la culpa al síntoma -la inflación- y hacer de cuenta que no hay causas: el gasto público infinanciable, el déficit fiscal, los cepos cambiarios, la devaluación y la indexación ya totalmente descontrolada de precios y salarios.
De hecho, el programa Precios Cuidados -que a lo largo de los años para lo que menos sirvió es para cuidar los precios- es la herramienta simbólica para transmitirle ese relato al consumidor: “nosotros somos buenos y te cuidamos de los empresarios malos que te suben los precios”.
Por eso la vicepresidenta decidió quitarse el sayo y ponérselo a su ministro de Economía: “Es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva”, dijo Cristina Kirchner por Twitter, agregándole la queja de que, además, las empresas estarían ganando demasiado.
Traducido: Tombolini, en lugar de jugar a las figuritas del Mundial, debería poner cara de perro como algunos de sus frustrados antecesores: Guillermo Moreno, que insultaba a los empresarios, o el más reciente Roberto Feletti, que les gruñía, adoraba el control y aborrecía a los empresarios.
Ninguno obtuvo ningún resultado, pero siempre le sirvieron a Cristina Kirchner para ir ganando tiempo desviando la atención de las causas hacia los efectos.
Mientras tanto, los sindicalistas obtuvieron literalmente vía libre para reclamar aumentos para “recuperar el poder adquisitivo”. El propio presidente Alberto Fernández lo dijo con todas las letras: “en el fondo, la inflación no importa, lo que importa es que los salarios le ganen a la inflación”.
Más peligroso no se consigue
Las paritarias ya se están acercando al 100 por ciento anual con todas las reaperturas y cláusulas gatillo: el combo perfecto para conseguir esa indexación de precios y salarios imparable que puede hacer que la Argentina en 2023 bata su propio récord de inflación. Después de cada paritaria, los empresarios suben los precios para poder pagar los sueldos, y después de cada pulso inflacionario, se reabren las paritarias: ¡hasta el infinito, y más allá!
La historia argentina ya demostró que la guerra de indexación entre precios y salarios siempre se acelera y termina muy mal.
De este peligro, no hablan los empresarios, pero tampoco la oposición. Los opositores parecen estar parapetados detrás de la tranquilidad de que casi nadie cree ya en el relato de que la culpa de la inflación sea de las empresas y no del gobierno.
De hecho, un nuevo sondeo de la encuestadora Circuitos, en provincia de Buenos Aires, indica que el 30 por ciento acepta perfectamente el relato del gobierno y reparte las culpas entre empresas, supermercados, comerciantes y hasta el sector agropecuario. Pero el 59 por ciento ya se dio cuenta de que el principal responsable del aumento de precios es el gobierno.
Para la oposición de Juntos por el Cambio, quedarse tranquilos mirando estas encuestas puede ser tan peligroso como para el gobierno el dar vía libre a paritarias conflictivas y sin reglas: es desaprovechar la oportunidad de oro de empezar a debatir ya mismo las reformas que deberían implementar si vuelven al poder en 2023 para terminar con dos décadas de inflación y crecimiento de la pobreza.
Quizás, viendo esta dura realidad que reflejan las encuestas, antes de que los últimos votantes potenciales se le escurran de las manos, el propio Massa mandó a su viceministro, Gabriel Rubinstein, a contestarle a la vicepresidenta por la misma red del pajarito para dejar en claro que el tigrense tampoco cree en el relato de que la culpa de la inflación sea de las empresas: “La culpa del desorden cambiario, las altísimas brechas, la obligación a financiarse a 180 días para importar, cupos, etc., etc., no la tienen las empresas. Aunque haya abusos normativos y corrupción. Es nuestra responsabilidad (gobierno) que todo esto mejore. En eso estamos”.
Como con el conflicto del neumático y los piqueteros, la inflación se va convirtiendo en una verdadera usina de conflictos y peleas de todo tipo entre trabajadores, empresas, entre los propios empresarios, locatarios e inquilinos, comerciantes y clientes y, por lo visto, ahora también entre los integrantes del propio gobierno.