La rigidez de las normas laborales frena la creación de trabajo y dificulta operación de empresas

Si bien estas medidas afecta a todas las empresas, cuando más pequeñas son más dificultades enfrentan. Así el 72% de las MiPyme se ven afectadas negativamente por la normativa que establece la prohibición de despidos y la doble indemnización, según La Fundación Observatorio Pyme (FOP), mientras que un 38% de se ve afectada por la dificultad de reestructurar el propio personal y un 34% por la dificultad de contratación de nuevos recursos humanos.

La mayoría de las empresas que se ven dificultadas para la reestructuración (67%) tienen a parte o a todo su personal inactivo, esto debido al cumplimiento de los protocolos y restricciones impuestas por la pandemia.

La demanda de un proceso de reestructuración por parte de estas empresas se debe a que la inactividad del personal genera mayores costos de producción que no todas ellas pueden compensar con aumentos de productividad de la mano de obra, sin implementar importantes cambios en su esquema tecno-organizativo.

Si bien la dificultad de reestructuración tiene mayor difusión en el segmento empresarial de empresas medianas-grandes (54%), la proporción es también significativa entre las medianas (46%) y las pequeñas (42%).

Los datos muestran además una relación entre capacidad ociosa y necesidad de reestructuración del personal. Entre las empresas totalmente operativas, las dificultades para reestructurar y para contratar personal están difundidas prácticamente por igual (36% y 35%). En cambio, la dificultad para la reestructuración del propio personal es más citada por aquellas firmas que están por debajo de su capacidad de producción (44%).

Muy afectados, los sectores agropecuario y manufactura

Las MiPyme del sector manufacturero (43%) presentan mayores complicaciones en relación con la dificultad de reestructurar personal propio, mientras que el impacto negativo sobre la posibilidad de contratar nuevo personal está más difundido entre las del sector del agro y los recursos naturales (41%). Las relativamente menos afectadas por la normativa son las microempresas, compuestas básicamente por empresas unipersonales y monotributistas.