Pyme familiar policial en la mira por millonario afer con servicios adicionales
La red estaría conformada por la esposa del oficial, el suegro y dos cuñadas. La Fiscalía “cocina a fuego rápido” la causa, aún sin imputados.
Una defraudación al parecer de seis ceros con servicios adicionales habría sido edificada por una “pyme” familiar termeña, conformada por un oficial principal de policía, con la supuesta complicidad de su esposa, el suegro evangelista y dos cuñadas.
Allí radica lo medular de una denuncia a cargo del fiscal Ignacio Guzmán, junto a personal de la División Delitos Económicos.
Ésta habría sido refrendada por un hombre que trabajó con el oficial, pero sin que cobrase por los servicios prestados.
Escándalo
La denuncia amplía que el oficial tenía a su cargo la administración de servicios adicionales en un jardín de infantes, la comuna local y otros organismos.
El reproche estaría dado por presuntas falsificaciones de firmas, confección de actas, número de personal y el que la tarea fue asignada a policías y/o civiles, pese a que figuraban como efectivos.
La trama de las operatorias se sustentaba en la complicidad de la esposa, policía; suegro, comisario, y dos cuñadas del oficial, ya pasado a disponibilidad. Ahora, el fiscal giró múltiples oficios: municipio y Jefatura de Policía, en especial, trascendió.
Cifras que no cierran Pese al hermetismo, se sabe que las primeras conclusiones dejan entrever cobros exorbitantes, por encima del “personal” destinado a cada edificio.
Además, las planillas estarían conformadas por policías y civiles, a contramano de las normas vigentes.
Para mayores grises, varios “trabajadores” ya habrían adelantado que no cobraron los montos que figuran en las planillas. Desde ese escenario, Delitos Económicos ya habrían posado su atención en varios integrantes de la familia del oficial, todos policías sindicados de distribuir destinos y hasta pedirles documentos a los civiles contratados.
Definiciones
Cauteloso, ahora el fiscal acelera la causa y habría definiciones en las próximas semanas.
En principio, las imputaciones tentativas irían de “defraudación”, “falsificación de instrumento público” y hasta llegarían a la propia “asociación ilícita”.
El horizonte anoche mutaba entre gris y negro para la familia, ya que podrían ser denunciados por otros damnificados y no descartaban que Fiscalía de Estado se constituyera en parte civil damnificada y/o querellante.
Por ende, podría motorizarse también un proceso civil tendiente a exigir el reintegro de los fondos mal habidos a los sujetos.
Ello y el ser imputados eran los temores que quitaban el sueño al conjunto de artífices de la audaz maniobra, con cerebros aún protegidos por el anonimato.