Boudou se victimiza y critica a los jueces por su condena a prisión
Asegura que seguirá haciendo política.
El exvicepresidente Amado Boudou consideró que el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena a 5 años de prisión en la causa por la apropiación de la calcográfica Ciccone es “otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina”.
En ese marco, el exministro de Economía advirtió que el máximo tribunal optó por desoír las argumentaciones de los juristas y académicos Eugenio Zaffaroni y el fallecido Julio Maier, que respaldaron su pedido para que fuera revisada su condena.
“No hay una justificación o un por qué; lo que la Corte dice es “no queremos opinar”; quizá sea porque no hay ningún penalista; no sé”, respondió.
“Sabemos que el poder más desprestigiado de todos es el Poder Judicial por cómo vienen actuando gran parte de jueces y fiscales hace décadas, no ahora; todo lo que hace el Poder Judicial está teñido de sospecha, arbitrariedad, incluso de extorsión”, dijo.
Remarcó que él fue involucrado en el caso de Ciccone, “que fue la compra de un grupo empresario a otro”, en la que él -dijo- no tuvo “nada que ver” y aseguró que eso consta en el expediente.
“Hubo una parodia de juicio oral y parodia de sentencia para convalidar una sentencia mediática que ya estaba en el 2012, que tiene que ver con tratar de sacarme a mí de la cancha”, declaró.
Ratificó que “de ninguna forma va a suceder” que él se retire de la política, pese a las adversidades judiciales y aún cuando en el expediente que lo tiene condenado “no hay una sola prueba” en su contra.
Dieciséis jueces lo encontraron culpable de la apropiación de Ciccone
En el caso Ciccone intervinieron 16 jueces en diferentes instancias. Y todos encontraron indicios de culpabilidad de la apropiación ilegal de la imprenta que emitía la moneda nacional.
El listado de los 16 magistrados incluye a Daniel Rafecas -hoy candidato a Procurador General-, dos camaristas muy cercanos al kirchnerismo, toda la Corte Suprema y hasta Pablo Bertuzzi, el juez apuntado por los K, entre otros.
Ya en el inicio del caso la teoría del Lawfare que ahora esbozan desde el oficialismo para respaldarlo, pareció quedar anulada. Cuando Rafecas arrancó a investigar a Boudou, el 14 de febrero de 2012, la presidenta era Cristina Kirchner que acababa de ganar las elecciones con el 54% de los votos.
Rafecas estuvo poco tiempo al frente de la investigación. Tras una maniobra de la defensa de Boudou, el 26 de abril de ese año fue apartado. Fue unos días después de que Rafecas habilitara, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, un allanamiento en el departamento que el ex vice tenía en Puerto Madero. En ese operativo descubrieron que Alejandro Vandenbroele, testaferro de Boudou, le pagaba las facturas de teléfono y de cable de esa propiedad, a pesar de que el ex vice negaba conocerlo.
Todo el kirchnerismo defiende a Boudou y habla de persecución
Juristas, dirigentes políticos y sindicales, y representantes de organizaciones de derechos humanos enrolados en el kirchnerismo publicaron ayer una solicitada en respaldo a Amado Boudou en la que advirtieron que “la persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre” el exvicepresidente, “atenta contra un Estado de Derecho”.
La carta de apoyo a Boudou, titulada “Con Lawfare no hay democracia”, lleva la firma, entre otros de el exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; Taty Almeida y Lita Boitano; Pablo Moyano, Hugo Yasky, Víctor Santa María y Sonia Alesso, y una larga lista de senadores, diputados, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos.
También adhieren La Cámpora y Los Curas de la Opción por los Pobres y la Asociación de Personal Legislativo. Los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Grey (Echeverría), Lucas Ghi (Morón) y Mario Secco (Ensenada), entre otros.