En Venezuela, la ONU seguirá investigando violaciones de DD.HH.
La resolución obtuvo 22 votos a favor (Argentina entre ellos), tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones.
GINEBRA, Suiza. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó ayer en Ginebra una resolución que extiende por dos años el mandato de la misión internacional creada en 2019 para investigar violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la cual había presentado sus alarmantes resultados iniciales a finales de septiembre.
La resolución, promovida por los países latinoamericanos integrantes del denominado Grupo de Lima, obtuvo 22 votos a favor (Argentina entre ellos), tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones, entre ellas la de México, que manifestó sus dudas por un texto que tildó de “politizado” y poco equilibrado.
La misión continuará así investigando y reportando al consejo de la ONU durante dos años más los abusos cometidos desde 2014 en Venezuela, “incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles y degradantes”, según indicó el texto.
Conformada por tres expertos -la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils-, la delegación presentó el pasado 23 de septiembre su primer informe ante el consejo, en el que denunció “violaciones cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad”, algo que generó el rechazo del gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro.
Durante las intervenciones previas a la votación, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, criticó la resolución y consideró que pretende “la imposición de un mecanismo de monitoreo que no cuenta con el consentimiento de mi país ni de mi pueblo”.
Posteriormente, el representante argentino ante la ONU, Federico Villegas, expresó la “preocupación” de Argentina por la “situación de los derechos humanos” y la “crisis política, económica y humanitaria” en Venezuela, “agravada” por las sanciones financieras y la actual pandemia del coronavirus.l