El atentado a la AMIA y la necesidad de luchar contra el terrorismo

Por Mariano Caucino. Especialista en Relaciones Internacionales. Ex embajador argentino en Israel y Costa Rica.

El 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, una bomba detonada contra la sede del edificio de la AMIA, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, terminó con la vida de 86 personas inocentes. Aquel día tuvo lugar un crimen espeluznante contra la humanidad, contra la Argentina y contra la colectividad judía. Este ataque, junto con el de la Embajada de Israel hace 28 años, está inscripto en nuestra historia como el más sangriento y destructivo acto de terrorismo que nuestro país haya sufrido.

Judíos y cristianos, religiosos y seculares, viejos y jóvenes, ricos y pobres, todos se encontraban entre las víctimas de este horrible acto. El terrorismo no hace diferencias. 86 vidas quedaron interrumpidas para siempre. 86 familias quedaron destrozadas sin consuelo.

El ataque demostró también que ningún país está a salvo del terrorismo. Ni siquiera uno como la Argentina, tan profundamente comprometido con la pacífica resolución de conflictos y que tiene una larga historia de recibir refugiados e inmigrantes huyendo de conflictos, tanto cercanos como lejanos.

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La lucha contra el terrorismo exige acciones concretas por parte de los Estados. Por ello es altamente positivo que el gobierno del presidente Alberto Fernández haya confirmado medidas adoptadas durante la administración del presidente Mauricio Macri tales como la inclusión de organizaciones como Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas, a través de la creación del Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechosas de Terrorismo, una decisión decretada en julio de 2019 y que mereció el aplauso de las autoridades norteamericanas e israelíes.

Por el contrario, advertimos como preocupante la decisión de haber vuelto a imponer una doctrina de defensa y seguridad que excluye al accionar terrorista como amenaza a la integridad nacional, una medida adoptada por el reciente decreto 571/2020 y que en los hechos implica una regresión a la doctrina del decreto 727/06 impulsado por la entonces ministra de Defensa Nilda Garré que limita las amenazas a la seguridad nacional a las resultantes de acciones de esstados nacionales a través de “agresiones militares externas”, dejando de lado las amenazas derivadas de organizaciones terroristas.

Asimismo, la necesidad de incrementar los lazos de cooperación en materia de prevención contra el terrorismo en Sudamérica sigue siendo una asignatura pendiente. En ese sentido -entrevistado por la periodista Silvia Mercado en Infobae- el politólogo y experto israelí Ely Karmon del Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo (ICT) del Centro Interdisciplinario de Herzliya advirtió el domingo 12 que “se necesita una cooperación estrecha entre Argentina, Brasil y Paraguay” en la Triple Frontera, una zona que definió como “caliente en materia criminal”.

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Del mismo modo, no deja de ser una fuente de inquietud en nuestra región la estrecha relación del gobierno venezolano con las autoridades de Irán, un país que se encuentra dominado desde la Revolución de 1979 por un régimen islamista extremista que promueve la eliminación del Estado de Israel y que impulsa un preocupante programa nuclear. Karmon aseguró que “Venezuela es un riesgo para la región” y hasta habló de la posibilidad de que su territorio sea utilizado para organizar nuevos ataques contra objetivos norteamericanos o israelíes. En el mismo sentido se ha expresado el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur, advirtiendo sobre las actividades narcoterroristas del régimen de Caracas -y sus mandantes cubanos- y sobre las implicancias del vínculo entre Caracas y Teherán. El 2 de julio pasado Faller sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro representa una amenaza regional, una opinión diferente a la expresada por las autoridades argentinas.

En este sentido, resulta digna de condena el cambio de actitud del Presidente de la Nación que lo ha llevado en las últimas horas a justificar el Memorando de Entendimiento con Irán firmado por la ex presidente y hoy vicepresidente Cristina de Kirchner en 2013.

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El atentado contra la AMIA, hace ya 26 años, sigue siendo una herida abierta en la historia reciente de nuestro país. Ese hecho atroz nos obliga a renovar un reclamo permanente de justicia junto a una condena firme a toda forma de discriminación y violencia. Ese imperativo nos mueve a recordar siempre que la lucha de la libertad y de la dignidad humana es una tarea permanente, en un mundo plagado de peligros y en la que ninguna victoria es definitiva. Al mismo tiempo, el atentado contra la AMIA nos recuerda que ningún país está a salvo de la locura del terrorismo y que los gobiernos deben no claudicar jamás en la lucha contra las organizaciones terroristas y los estados nacionales que los prohíjan.