El Gobierno nacional vuelve sobre sus pasos y dará mejoras segmentadas a los jubilados

El Gobierno avanza en forma sigilosa en la definición de la nueva fórmula transitoria para aumentar en marzo las jubilaciones y prestaciones sociales. Si bien todavía la discusión sigue abierta en el Ministerio de Economía, la idea que se baraja por estas horas es aplicar un esquema de dos o tres velocidades, con eventuales incrementos de suma fija que tendrán un impacto diferenciado. Esto es un mayor beneficio para las escalas más bajas y en menor medida para las medias y altas.

Se trata de un mecanismo similar al del bono de $5.000 otorgado en diciembre y enero a los jubilados y beneficiarios, con un tope hasta los $19.000. En esa ocasión, los titulares del haber mínimo recibieron dicha suma, mientras que las escalas subsiguientes obtuvieron la diferencia hasta llegar al límite fijado. Así, según datos de Anses, fueron alcanzados 4,5 millones de adultos mayores, el 64% de un universo de 7,3 millones, y el resto fue excluido del beneficio.

Lo que se estudia ahora es que el próximo ajuste alcance también a las jubilaciones de entre $19.000 y $30.000, aunque con incrementos menores al de los haberes mínimos, según estimaron fuentes cercanas al Gobierno. La lógica de este esquema es transferir recursos a los sectores más bajos para dinamizar el consumo, pero también establecer diferentes ritmos de recuperación del poder adquisitivo perdido.

‘En marzo se va a contemplar particularmente la situación de las mínimas pero también las jubilaciones bajas y medias bajas que han sido muy golpeadas’, dijo a principios de enero el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, y en las últimas horas confirmó que ‘muy probablemente’ será mediante sumas fijas. En tanto, el jefe de Gabinete, Sergio Cafiero, reconoció días atrás que ‘faltó’ llegar a los que ganan $25 mil y ‘no llegan a fin de mes’.

El argumento oficial es que el sistema previsional es uno de los más desiguales del mundo, ya que la diferencia entre la jubilación mínima y la máxima es de siete veces. Y, por otra parte, que la inflación impactó en forma diferente en los haberes. Así, un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda sostiene que la caída real promedio entre diciembre de 2017 y junio de 2019 fue del 12% en los segmentos bajos y del 9% en los más altos.

A partir de ese diagnóstico, los funcionarios desprenden la conclusión de que es necesario ir hacia un planteo más ‘igualitario’ y ‘solidario’ priorizando los haberes más bajos en perjuicio del resto. Pero también reconocen que la segmentación responde a las restricciones fiscales producto del endeudamiento y que en última instancia la decisión está en manos del Ministerio de Economía, encabezado por Martín Guzmán.

“Hay que priorizar a los que no acceden a la canasta básica”

“Si querés que la totalidad de los jubilados recupere la pérdida de poder adquisitivo desde 2015, eso implica un esfuerzo fiscal enorme que no se puede con la restricción presupuestaria, hay que priorizar a los que no acceden a la canasta básica”, reconoció Sergio Chouza, economista del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, cuyo coordinador es Santiago Fraschina, actual secretario general de la Anses.

El equipo del ministro Martín Guzmán es el encargado de revisar que los cambios en materia previsional sean “consistentes” con su objetivo de cuidar los recursos y desacelerar la inflación. Allí se definirá hasta qué escala llegarán los próximos ajustes. En ese escenario, la decisión de recomponer los ingresos medios apunta a amortiguar los reclamos judiciales por la Ley de Movilidad, que en diciembre fue suspendida por seis meses.

La fórmula aprobada en 2017 por el Congreso se ajustaba 70% por la inflación del Indec y 30% por los salarios (Ripte), con un retraso de seis meses. Si a eso se le suma el impacto de la devaluación se calcula que desde 2015 los haberes perdieron un 20% de su poder adquisitivo, pero este año el cálculo iba a dar por primera vez aumentos superiores a la inflación prevista en 2020, con un incremento devengado del 11,5% en marzo y otro de entre 15% y 16% en junio.

En lugar de ese mecanismo, el Gobierno fijará ahora los aumentos por decreto hasta tanto se defina la nueva fórmula. Para marzo se evalúa que las jubilaciones mínimas superen la suba prevista por la movilidad y que las medias a lo sumo empaten. Así, por ejemplo, si se otorgara un monto de $3.000 el mínimo subiría un 21% y las jubilaciones de hasta $30.000, un 10%, mientras que el resto recibiría un porcentaje inferior o, incluso, podría no recibir nada. Es una incógnita.

“No hay conclusión todavía, (el aumento escalonado) es una de las alternativas”, explicaron a este medio en Casa de Gobierno. “La nueva fórmula no está definida”, agregan desde Anses.l