La Fiscalía denunció que fue manipulado el Libro de Guardia en la Seccional Quinta
La supuesta alteración o “manipulación” del libro de guardia de la Seccional Quinta tornó de gris a negro el horizonte de ocho policías presos por la muerte de Silvia Valeria Maldonado.
En la víspera se convirtieron sus aprehensiones en detenciones, por los próximos 15 días, siete imputados por “homicidio calificado agravado por su condición de funcionario policial” y el restante por “violación de los deberes de funcionario público”.
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Así lo resolvió la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, al fallar en contra de Ángel Ramón Mansilla (por violación de los deberes de funcionario público); Juan Carlos Chávez, Fabio Cristian Cooper, Pedro Agustín Barraza, José Ramón Revaneira, Analía Gigena, Cristian Hernán Bravo y José Miguel Abraham, a quienes les atribuyen los delitos más graves por el ‘homicidio’ de la menor del Bº Gas del Estado.
Jornada agotadora
Entre las 11 y casi las 13.30, fundamentó los cargos el equipo fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y Violencia Institucional, integrado por Érika Leguizamón, Victoria Sottini y Santiago Sierra.
Los funcionarios reconstruyeron jurídicamente los aspectos dominantes de la acusación y los abogados reclamaron celeridad, respeto de los tiempos procesales y la depuración de las imputaciones.
Para los letrados, una sola persona habría gatillado la pistola 9 mm que mató a Silvia y por lógica añadidura, señalaron, hay seis policías que no pueden ser acusados del crimen.
Planteos diversos
En la maratónica audiencia, los abogados hicieron requerimientos varios: nulidades, cambios de calificativa, falta de mérito y otros pedidos.
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En el medio, algún abogado instaló la teoría del “abandono de persona” y la jueza bajó línea a la Fiscalía, sugiriéndole la necesidad de investigar también.
Finalmente, tras un intenso debate la magistrada dio luz verde a la conversión y los ocho policías retornaron a sus alojamientos con las manos vacías.
Antes, Danielsen precisó cada uno de sus “no”, destacándose el evidente “peligro procesal” en esta etapa de la investigación.