Grassi será incluido en el Registro Genético de Violadores
Las muestras genéticas se tomarán mediante un hisopado, procedimiento que se hará en la cárcel de Campana del Servicio Penitenciario Provincial.
El cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por "abuso sexual agravado y corrupción de menores" en 2009, deberá aportar una muestra de ADN a pedido de la justicia, que dispuso inscribirlo en el Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) vinculados a delitos contra la integridad sexual, creado por la ley nacional 26.879.
La medida, conocida hoy, fue ordenada el 13 de febrero por el Tribunal Criminal 1 de Morón y firmada por los magistrados Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado, precisaron fuentes judiciales.
Las muestras genéticas se tomarán mediante un hisopado, procedimiento que se hará en la cárcel de Campana del Servicio Penitenciario Provincial, donde está detenido el cura, detalló esta tarde Jorge Dotto, director del RNDG, aunque no precisó la fecha.
"La resolución expresa que los parámetros de Grassi, al tener sentencia y condena firme como delincuente sexual, se corresponden con lo que dispone la ley que crea el registro nacional de violadores, por lo que se ordenó extraer muestras biológicas para inscribirlo ahí", explicó a Télam el abogado querellante, Juan Pablo Gallego.
La causa contra Grassi comenzó el 23 de octubre de 2002 con la emisión de un programa televisivo en el que tres jóvenes con sus rostros cubiertos denunciaron haber sido abusados por el padre en la Fundación Felices los Niños, donde se alojaban chicos en situación de calle con conflictos con la justicia.
El proceso finalizó el 10 de junio de 2009 con la condena a 15 años por "abuso sexual agravado y corrupción de menores", aunque en principio el sacerdote estuvo tres meses en prisión domiciliaria hasta que se ordenó su detención definitiva, el 23 de septiembre de 2013.
Gallego expresó que tienen expectativas de que "el caso sea tratado en la cumbre convocada en las últimas horas por el papa Francisco y que se castigue a Grassi con la expulsión de la Iglesia y su reducción al estado laical".
El abogado expresó por escrito en la medida interpuesta por el Tribunal 1 de Morón que "la Iglesia debe pasar de lo abstracto a lo concreto".
"La situación de Grassi es insostenible, porque hasta la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre su condena", insistió.
La sentencia quedó firme el 21 de marzo de 2017.
Al menos 66 religiosos fueron denunciados en Argentina desde que estalló el caso Grassi, es decir, en los últimos 17 años.
La mayoría de ellos sigue sin condena, y sólo tres fueron sancionados por la propia Iglesia con el máximo castigo que puede recibir un cura: la expulsión del sacerdocio.
Entre esos tres expulsados no está Grassi, quien fue condenado por la Corte Suprema pero no fue sancionado por la Iglesia.
A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, Australia o Irlanda, en Argentina no existe investigación judicial o canónica que abarque diócesis enteras. Tampoco hay registros oficiales sobre los sacerdotes involucrados o el número de víctimas que sufrieron abusos.