Abogada tiene una casa de lujo, cargo jerárquico en la comuna local y cobra una pensión graciable

La Fiscalía Federal de Santiago del Estero imputó por percepción irregular de una pensión graciable a una abogada matriculada inscripta en la Afip como monotributista categoría C y que además tiene un cargo jerárquico en la Municipalidad de la Capital.

Además, es titular de una vivienda en el San Germés, en un sector residencial de casas de lujo que construyó el Gobierno provincial.

Todos estos elementos mencionados son para la fiscalía a cargo de Pedro Simón, suficientes para demostrar que la abogada Ana Isabel Herrera percibe ilegalmente un beneficio que no le corresponde, sino a personas en situaciones de vulnerabilidad.

Incompatibilidad

La ley permite que una persona que cobra una pensión graciable tenga un ingreso que no supere el monto que representan dos jubilaciones mínimas, hoy cerca de los $20 mil. Aunque en su recibo de sueldo de los últimos meses refleje un ingreso que ronda los $10 mil en promedio, esta abogada matriculada en el Colegio de Abogados es monotributista categoría C en la Afip y por lo tanto, Fiscalía presume que factura hasta $23 mil mensual. Sumando su sueldo como municipal y los ingresos como monotributista supera el máximo permitido por la ley de pensiones.

Pero además, la vivienda en el San Germés también perfora el techo del valor fiscal de $ 100 mil que la ley permite tener al beneficiario de una pensión graciable. Se estima que una de estas viviendas erigidas en la zona sur por diseño y material, superan fácilmente el millón de pesos.

Omisión

Además, a la imputada el fiscal le atribuye el falseamiento de datos en su declaración jurada que brindó en la Municipalidad de la Capital, al no consignar que era beneficiaria de la pensión graciable.

Es por eso, que el fiscal Simón pidió su indagatoria al juez federal Guillermo Molinari, entre otras medidas de prueba y para que la mujer pueda ejercer su derecho a defensa. No obstante, el representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó al juez que ordene a la Anses la suspensión inmediata del beneficio que percibe la abogada imputada, porque sostiene que prima facie, se está ante la presencia "de un ilícito".

Denuncia

La causa se inició a raíz de una denuncia particular que recibió el Juzgado Federal el año pasado, en la que se señalaba que la Dra. Herrera, que se desempeña como asesora previsional del municipio capitalino con categoría 21, entre las más altas, percibe desde hace más de 10 años una pensión graciable. También señalaba que este beneficio le fue otorgado por el ex senador nacional José Luis Zavalía en 2005, y el cual resultaba incompatible con respecto a las funciones que la denunciada cumple en el municipio, al cual ingresó con contrato de empleo de trabajo en enero de 2015, según su legajo.

Cuando recibió la pensión, su situación encuadraba para percibir la misma: joven madre soltera, continuaba con sus estudios. Pero luego se recibió, se matriculó y se inscribió en la Afip como monotributista. Además ingresó en el municipio con un cargo alto (en donde obvió consignar que cobra una pensión graciable) y es titular de una vivienda en un sector residencial.

Enterada de que era investigada por el fiscal federal Simón, esta abogada con una patrocinante se presentó en la Justicia Federal. Allí alegó que cuando se recibió de abogada y cuando ingresó en el municipio pidió informes para saber si era incompatible el cobro de la pensión graciable y que la respuesta que obtuvo fue negativa por lo que decidió seguir gozándola.

Sin embargo, ante un pedido de informe de la Fiscalía Federal, el municipio capitalino remitió la declaración jurada de la imputada en la cual no especifica si es o no beneficiaria de una jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Es decir, omitió declarar la pensión graciable.

Ante esta situación, el fiscal continuó con la investigación y espera por la indagatoria de la profesional con el propósito que esta causa corte con lo que considera una maniobra ilícita.