Imputan a ex comisionado de Sumamao por desviar casi $ 2.000.000 de viviendas sociales
La investigación fue motorizada por el Ministerio de Desarrollo Social. Previo, recibir denuncias de los damnificados. Otra causa en jueza Falco.
La Fiscalía habría imputado e indagado al ex comisionado de Sumamao, Silípica, Gustavo Daniel Ferreyra, por desviar casi $ 2.000.000 destinados a las viviendas sociales.
Así se supo ayer en órbitas de la fiscal Natalia Saavedra, quien habría enrostrado al ex funcionario el delito de "peculado".
La imputación alude a la "malversación de caudales públicos, y/o apropiación indebida de dineros".
Según el caso, antes de expirar su mandato, el Ministerio de Desarrollo Social auditó la gestión y advirtió que de 11 casas pagadas, se construyeron sólo 3.
La investigación
En esencia, cada casa representaría hoy entre $ 260.000 y $ 270.000, dineros depositados a Ferreyra en una cuenta específica, anexa a los aportes coparticipables.
En esa sintonía, al asumir el nuevo comisionado, el doctor Jorge Ábalos, interpuso la denuncia que ayer decantó en la imputación de su antecesor.
Penalmente, Ferreyra fue denunciado por Alejandro Jozami, subsecretario de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Provincia.
El funcionario subrayó que al 10 de enero del 2018 restaban 8 viviendas por construir, pese a que el dinero ya fue efectivizado.
Inspección
En forma simultánea, se supo que Desarrollo Social y la Oficina Anticorrupción tendrían en carpeta a otros ex funcionarios.
También se les enrostraría la misma figura, pero con montos superiores.
El último fue un procedimiento y/o detención del titular de una ONG de Clodomira, Banda, imputado por desviar casi $ 300.000 que se le habían entregado para la edificación de dos viviendas sociales.
Proceso paralelo
Además, hay otra causa más compleja, en órbitas de la jueza Rosa Falco y fiscal Gabriela Gauna.
Las funcionarias investigan a constructores y empleados públicos, salpicados en una defraudación millonaria con casas.
En esencia, los imputados redireccionaron el dinero, destinándolo a emprendimentos privados.
Es decir, usaron fondos del Estado para erigirse en empresarios, relegando a un plano secundario la necesidad de cientos de familias de escasos recursos.