"Es importante que el Estado provincial pueda recuperar los montos que se habrían pagado de más"
Fiscalía de Estado se presentó como parte querellante por el presunto perjuicio a la Provincia y solicitará pruebas y pericias para poder determinar responsabilidades e irá con medidas a fondo.
Mientras el Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación de una supuesta estafa en perjuicio del Estado por pagos de sobreprecios en la provisión de combustibles, el fiscal de Estado de la provincia, Dr. Raúl Abate, aseguró a EL LIBERAL que "se buscará coadyuvar la acción del MPF, porque lo que nos interesa es que el Estado santiagueño pueda lograr la recuperación de los montos que se habrían pagado de más", señaló.
El fiscal de Estado agregó que atento a la presunta estafa millonaria, "se irá a fondo porque lo que nos interesa como parte querellante, es ejercer las acciones en defensa del Estado. Esto recién comienza y tenemos mucho por delante porque se trata de una investigación contable".
La querella de parte de Fiscalía de Estado fue presentada ante la Oficina de Gestión y Audiencias (OGA) del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Esto es con el objetivo de reclamar, si se confirma la existencia de delito.
Eximición de prisión
Por otro lado, todavía no hay una definición en la Justicia sobre el pedido de eximición de prisión que realizó Tomás Abdala, propietario de una estación de servicio de la ciudad Capital y proveedor del Estado.
Al respecto, bajo el patrocinio del abogado Carlos Eduardo Montenegro, el lunes ingresó este pedido del empresario en la Oficina de Gestión y Audiencias (OGA) del Poder Judicial. El paso siguiente es que la OGA por sorteo, determine qué juez entenderá en la causa, quien a su vez deberá correr vista al Ministerio Público Fiscal para que emita dictamen a favor o en contra de la solicitud.
Con el dictamen del Ministerio Público Fiscal en mano, el juez a cargo convocará a una audiencia de las partes y tras escuchar los argumentos, deberá pronunciarse sobre la petición del estacionero.
Como se recordará, el Ministerio Público Fiscal conformó un equipo de fiscales que integran las Dras. Érika Leguizamón, Jésica Lucas y Belkis Alderete, que recibió la causa y comenzó una investigación, con la participación de peritos, entre ellos contadores.
Según la auditoría que se realizó por orden del ministro de Economía de la provincia, Atilio Chara, quien luego hizo la denuncia ante la Oficina Anticorrupción, los presuntos sobreprecios que se habrían cobrado al Estado en los combustibles involucra a numerosas estaciones de servicio de Capital, La Banda e interior.
Sin embargo y pese al tenor de la denuncia, la Cámara de Expendedores local (Cepase) aún no se pronunció públicamente sobre este tema.