Estacionero pidió eximición de prisión en la causa por una presunta estafa con los combustibles
La investigación se inició por una auditoría del Ministerio de Economía, que sacó a la luz el pago de sobreprecios en la venta de combustibles a las reparticiones públicas provinciales.
Mientras el Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación de una supuesta estafa en perjuicio del Estado por pagos de sobreprecios en la provisión de combustibles, ayer trascendió que Fiscalía de Estado, bajo la titularidad del doctor Raúl Abate, se constituirá en querellante en la causa con el objetivo de reclamar, si se confirma la existencia de delito, los montos por los que se habría perjudicado a las arcas estatales.
La segunda novedad es que en la tarde de ayer ingresó un pedido de eximición de prisión de un estacionero que tiene su establecimiento en la ciudad Capital. Se trata de Tomás Abdala, bajo la representación del abogado Carlos Eduardo Montenegro.
Auditoría interna
Como se recordará, la causa se inició luego de que una auditoría interna realizada por orden del ministro Atilio Chara en el área del Fondo Único de Combustibles, Contaduría General de Provincia detectara incongruencias entre los precios que pagaba el Estado por litro de combustible y los valores que figuraban en los surtidores de numerosas estaciones de servicios de Capital y del resto de la provincia.
El Ministerio de Economía elevó su informe a la Oficina de Anticorrupción para que presentara la denuncia correspondiente en la Justicia.
La auditoría se había iniciado a principios de setiembre pasado y abarcó toda la documentación obrante en Contaduría sobre cinco meses del año 2017 y dos de 2018.
Ardua tarea
Un equipo de fiscales, la Dras. Érika Leguizamón, Jésica Lucas y Belkis Alderete, recibió la causa y comenzó con la investigación que promete ser ardua teniendo en cuenta la necesidad de incorporar una diversidad de peritos.
El trabajo de los fiscales del Ministerio Público recién comienza y su objetivo será determinar si hubo delito y quiénes serían los presuntos responsables en el ámbito de la administración pública y los partícipes en la parte privada.
En los registros del Fondo Único de Combustibles figuran numerosas estaciones de servicios y se deberá establecer si tienen vinculación con los hechos que se investigan.
De acuerdo con la documentación presentada, sólo en un mes, el sobreprecio de la facturación realizada habría ascendido a una cifra que oscilaría entre los 7 y los 8 millones de pesos.