Defensores del Pueblo advierten una "gravedad institucional" tras el DNU

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), en una declaración, a la que adhiere el defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. Lionel Enrique Suárez, señala que "integrada por hombres y mujeres que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y el respeto por las instituciones, manifestamos nuestra profunda preocupación con relación al decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 756/2018".

En efecto, sostiene que "ello es así en virtud de una publicación, en el Boletín Oficial, del día de la fecha del Decreto 756/2018, donde la Nación deja sin efecto la distribución del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Soja, a las provincias y municipios que equivale al 30 % de lo recaudado en concepto de derechos de exportación, y que significaría un monto aproximado a los u$s 1.000 millones, cuya finalidad es financiar obras provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contribuyan a la mejora de la infraestructura edilicia, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial de las distintas reparticiones y/u organismos públicos; así como también, solventar infraestructura e inversión productiva".

Sostienen que "esta medida dispuesta reviste una singular gravedad institucional, económica y política, vulnerando el derecho humano de vivir en condiciones dignas; siendo el federalismo pregonado por el Presidente solo un anhelo".

Y concluyen: "Es por ello que los defensores del Pueblo de la República Argentina vemos con suma preocupación el ahogo que significará para las economías regionales dicha medida, que paralizará obras de infraestructura que garantizan derechos humanos tales como el acceso a las cloacas y al agua potable, y todas aquellas obras que conllevan su aplicación directa".