Anses: Molinari procesó a pensionados truchos y a exempleados y los embargó por más de $ 90 millones
Los exempleados Paz, Saad, Chazarreta y Cortés, y el presunto gestor Ibáñez, son los más complicados. Para Molinari, "tienen relación en casi la totalidad de los casos que se investigan, develando la existencia de una organización dedicada a perpetrar este tipo de delitos".
El juez federal Guillermo Molinari resolvió la situación procesal de los imputados en la megaestafa a la Anses con pensiones truchas. En su dictamen, el magistrado cargó duro contra quienes consideró los máximos responsables de la defraudación: los exempleados Luis Paz (exsegundo jefe de la Anses), Graciela Saad, Luis César Cortés y el abogado Marcos Chazarreta, y el gestor Cecilio Ibáñez (excuñado de Saad).
Los cincos fueron procesados con prisión preventiva y les trabó un embargo de $ 10 millones a cada uno. Por lo tanto, continuarán detenidos y se espera que las defensas busquen, por medio de una apelación, revertir en la Cámara Federal de Tucumán, la complicada situación judicial de sus clientes.
Paz, Saad, Cortés y Chazarreta, fueron procesados por los delitos de “asociación ilícita, defraudación violación de los deberes de funcionario público y utilización de documentos falsos adulterados”. En tanto, a Ibañez, Molinari lo procesó por “asociación ilícita, defraudación y utilización de documentos falsos adulterados”.
Molinari también procesó sin prisión preventiva, pero con embargos millonarios por distintos montos, a los beneficiarios de las pensiones truchas. Entre ellos se encuentran los hermanos Celeste y Héctor Eduardo Lucatelli, Paola Andrea Conte (esposa de este último), y Luis Marcelo Villar (empleado de Héctor Lucatelli), quienes fueron los únicos pensionados truchos detenidos. El magistrado les endilga los delitos de “defraudación en perjuicio de la Administración Pública y falsificación y/o uso de instrumentos públicos falsificados en concurso real”.
Además, procesó sin prisión preventiva por los delitos de “defraudación en perjuicio de la Administración Pública” y “falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados en grado de tentativa” a Ángel Marcial Jawahar y Daiana Jaqueline Zanoni, y les trabó embargo de $ 600 mil a cada uno.
También dictó falta de mérito y ordenó la inmediata liberación de los empleados de la Anses Ramiro Herrera, Daniel Ingratta, Azucena Álvarez, Selva Saavedra y Ricardo Daniel Trotta. La Dra. Leticia Bravo, abogada de Trotta, remarcó que “después de 50 días detenido logramos obtener la libertad por falta de mérito, que es lo que parece que correspondía”.
También dijo que de esa manera se descarta que Trotta haya sido “la mano derecha” de Luis Paz, ex segundo jefe de la Anses y considerado el “cerebro” de la estafa. Remarcó además, que se comprobó que la documentación secuestrada en su casa del barrio Paraíso era de una sucesión familiar y que no tenía una “vida” de lujo.
No obstante la falta de mérito, estos empleados no se desvincularon de la causa que investiga una estafa por más de $ 20 millones a la Anses por pensiones truchas.
Como se recordará, en una denuncia pública de la gerente local de la Anses, Natalia Neme, se puso al descubierto que personas cobraban pensiones derivadas de manera indebida, para lo cual se “casaban” con jubilados muertos, usando actas de matrimonio truchas. A los dos días, la Justicia provincial tras una presentación del Ministerio de Justicia provincial y en paralelo, la Justicia Federal local, iniciaron sendas investigaciones que se unificaron y quedaron en el fuero federal por razón de competencia.