Anses: habrá un millonario embargo a todos los involucrados en la trama de corrupción del caso

El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, indagó a los cuatro empleados detenidos el pasado miércoles en el marco de la millonaria defraudación en perjuicio de la Anses local por el otorgamiento de pensiones truchas, en la que personas aparecían "casadas" con jubilados fallecidos.

Se trata de los empleados Daniel Ingratta, Azucena Álvarez, Selva Saavedra y Ramiro Herrera (hijo del ex vicegobernador Manuel Hipólito Herrera Arias), quienes tenían acceso directo a los sistemas de computación para otorgar pensiones falsas, según las investigaciones.

"Todos expresaron su voluntad de declarar y algunos reconocieron la cuestionada documentación, mientras que otros negaron las firmas", dijo el juez Molinari, quien dirigió los interrogatorios.

En la causa, estos cuatro nuevos imputados están acusados de los mismos cargos que sus excompañeros que fueron arrestados en marzo: incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación, uso de documento público falsificado y asociación ilícita.

Procesamientos

Atento al avance de la causa y a la megaestafa detectada con la que se perjudicó al organismo, se espera que se trabe un millonario embargo a las involucrados en la trama de la corrupción.

Ésta sería una de las medidas que se tomará con la resolución de la situación procesal del medio cententar de involucrados en la causa.

"Todavía se espera resolver la situación procesal de los primeros detenidos de la causa y vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar con los elementos y pruebas reunidos y ver en este caso, a quiénes se les atribuye menor o mayor responsabilidad de defraudación al organismo nacional, además de resguardar los intereses del Estado en base a los bienes y disponibilidad que haya de los mismos, con respecto a los posibles embargos que se puedan efectuar una vez que se resuelva la situación", recalcó el magistrado.

Como antecedente, se puede recordar que le juez federal le había fijado una fianza real de un millón y medio a cada uno de los cuatro beneficiarios que quedaron detenidos, para otorgarles la excarcelación: Héctor Lucatelli, Celeste Lucatelli, Paola Conte y Luis Villar (este último no pudo cumplir con el monto que le fijaron de fianza real para lograr su libertad).

Detenidos

Sobre los últimos cuatro detenidos (Daniel Ingratta, Selva Saavedra, Azucena Álvarez y Ramiro Herrera), el juez Molinari dijo que "se deberá analizar si cabe o no la figura de asociación ilícita. Igualmente, tenemos que evaluar todo, y la situación individual de los detenidos, porque tuvieron distinta función en el organismo".

Agregó que la detención de los últimos sospechados, se debió "a partir de lo detallado por los expedientes que fueron enviados desde la Anses como supuestamente irregulares, que de los 100 expedientes que se dijeron, únicamente tenemos 30, y tendríamos que ver si hay más cantidad de expedientes, pero eso ya es una responsabilidad de la Anses, que debe enviarlo si es que efectivamente fueron detectados. Hasta el momento, ya son más de 30 los casos de estafas con pensiones truchas que se detectaron por parte de una auditoría de la Anses y el perjuicio económico supera los $ 20 millones. Sin embargo, hay 100 expedientes en total que están en observación".

Además, la Justicia federal imputó por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" a Antonio Yorbandi, ex gerente de la Anses local, y a la actual responsable, Natalia Neme, a la que el fiscal federal Pedro Simón también acusó de omisión de denuncia y entorpecimiento de la tarea judicial.